Gürtel vuelve a incendiar el PP

Para las filas del PP valenciano, lo peor del caso Gürtel está por llegar. Con unas previsiones económicas muy poco optimistas para este año y otros supuestos graves casos de corrupción por delante, el Gobierno de Alberto Fabra tendrá que hacer frente en las próximas semanas y meses a un recrudecimiento de la causa judicial que más impacto ha tenido en su formación: provocó la dimisión del expresidente valenciano Francisco Camps y ha borrado de la primera línea política a quienes integraban su cúpula en el Gobierno autonómico y en la dirección popular regional. La vertiente valenciana del caso va a aumentar con, al menos, dos nuevas piezas separadas que implicarán una nueva oleada de imputados de cargos y excargos de la Generalitat.

Esa explosión del caso coincidirá más o menos en el tiempo con el juicio por la millonaria adjudicación a la trama corrupta, por parte de la Consejería de Turismo, de la organización de la presencia valenciana en la feria Fitur. Un juicio potencialmente muy dañino porque sentará en el banquillo, probablemente, a la exconsejera y expresidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez, actual diputada autonómica y alcaldesa de Novelda, para quien el fiscal pide 11 años de prisión, y otros cargos de su departamento. Junto a ellos estarán los cabecillas de la trama, esta vez como acusados y afrontando altas penas de cárcel. Declararán multitud de testigos y volverán a oírse las demoledoras conversaciones intervenidas en su día por la policía a los implicados por orden judicial.

El caso Gürtel tiene en Valencia en estos momentos tres piezas separadas: una por las adjudicaciones de la feria turística Fitur —por las que Orange Market cobró cinco millones de euros— cuyo juicio está próximo, y otras dos por la supuesta financiación ilegal de los populares en las campañas electorales de 2007 y 2008. Pero están a punto de aumentar. El Tribunal Supremo resolvió que otras dos grandes partes del caso debían ser investigadas por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, lo que dará lugar, al menos, a otras dos piezas separadas.

Una de ellas, sobre la contratación de Orange Market y otras sociedades de la trama con numerosos organismos de la Generalitat. Hasta 76 contratos que fueron adjudicados a dedo, sin concurso ni expediente administrativo y que, según la Intervención General del Estado y otros técnicos del auxilio judicial, fueron troceados para que su importe (inferior a 12.000 euros) permitiera eludir los principios de publicidad y libre competencia.

El aparente trato de favor a las empresas del grupo de Francisco Correa se extendió como una mancha de aceite por la Administración autonómica: desde Sanidad a Educación, pasando por la dirección general de Interior y la empresa pública de medioambiente Vaersa.

Muchos responsables de dichos contratos declararon en el juicio por cohecho contra Camps y el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa, a quienes un jurado absolvió por estrecho margen. Pero lo hicieron como testigos. Lo esperable es que ahora buena parte de ellos sean imputados.

La otra nueva pieza separada la formará, probablemente, la visita del Papa a Valencia en 2006. Se trata del supuesto amaño en la cobertura de los actos por Ràdio Televisió Valenciana que habría permitido a la trama y sus colaboradores en la corporación embolsarse más de tres millones de euros en comisiones. Al contrario de lo que ocurre con los contratos, esta parte del caso Gürtel sí ha sido investigada y cuenta ya con más de una decena de imputados. Entre ellos, Pedro García, que fue jefe de comunicación con los expresidentes de la Generalitat Eduardo Zaplana y Francisco Camps y más tarde director general de RTVV. Y también a los exjefes económico, de antena y del departamento técnico de la corporación pública.

En esta rama de la causa varios acusados han reconocido parte de los hechos y algunos han responsabilizado a Pedro García de organizar el fraude. RTVV pagó 7,4 millones de euros por la cobertura de la visita cuando en realidad costaba cerca de la mitad. El contrato fue a parar a Teconsa, constructora vinculada a la trama sin ninguna experiencia que subcontrató los trabajos por algo más de tres millones. Según la investigación, los cabecillas y García se repartieron el resto del dinero público.