El TSJC reclama toda la documentación sobre la privatizacion de ATLL
El Tribunal asume la petición de Agbar, que recibió el aval judicial para ver la oferta de Acciona
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha pedido a la Generalitat toda la documentación, incluso la confidencial, del expediente de adjudicación a Acciona de Aigües Ter-Llobregat (ATLL), que fue declarada nula por el órgano de control de la Administración catalana, .
En una providencia, a la que ha tenido acceso Efe, la sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC requiere a la Generalitat para que le entregue toda la documentación del expediente administrativo, sin perjuicio de que una vez la reciba decida sobre la necesidad de preservar su confidencialidad.
El TSJC ha emitido esta providencia -fechada el pasado 7 de enero-, después de que la Generalitat recurriera ante el alto tribunal catalán la resolución de su propio Organo Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC) que anulaba la adjudicación de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) a Acciona, por la que también pujaba Agbar.
El TSJC ha tomado esta decisión después de que Agbar le instara a pedir a la consellería de Territorio que le entregara todos los documentos contenidos en el expediente administrativo, entre ellos la propuesta técnica y la oferta económica planteada por Acciona.
La Generalitat, que recibió esta providencia el pasado miércoles, día 16, tiene de plazo hasta el día 30 de este mes para atender la reclamación del juez y entregar toda la documentación que se le requiere.
La adjudicación de ATLL a Acciona ha derivado en un atolladero para la Generalitat, después de que Agbar impugnara esta decisión y el OARCC le diera la razón. Ahora, el futuro de la gestión de ATLL está en manos de los tribunales.
La privatización de esta empresa pública es la mayor llevada a cabo por la Generalitat, que preveía embolsarse 1.000 millones de euros con esta operación. De hecho, el Govern ha recibido ya los primeros 300 millones de euros de manos de Acciona, un dinero que está ahora en el aire, si finalmente la justicia anula la adjudicación.
Si esto se produce, la Generalitat no sólo tendría que devolver estos 300 millones de euros a Acciona, sino a hacer frente a una indemnización.
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