Técnicos de la Marina niegan que se les consultase qué hacer con el ‘Prestige’
De Mesa descarga en López-Sors las decisiones, que acataba sin discutir
“La cadena de mandos estaba clara, no había instrucciones del Gobierno sobre qué decir o hacer con el Prestige, las decisiones las toma la autoridad marítima española, el director general de Marina Mercante”, José Luis López-Sors, hoy sentado en el banquillo de los acusados. Así de tajante declaró ayer el exdelegado del Gobierno en Galicia, Arsenio Fernández de Mesa, al rechazar repetidamente cualquier “capacidad” técnica o ejecutiva para intervenir en la gestión de la catástrofe y no haber dado “ninguna instrucción a nadie”. Por mucho que presidiese el “órgano rector” de la crisis, en el que “no se votaba, ni intercambiaba opiniones”, precisó De Mesa, sino que meramente era informado de decisiones adoptadas por la autoridad marítima.
Por eso en las actas de las reuniones de los cargos políticos al frente de la gestión, en los primeros días tras el accidente del petrolero, no aparece comentario alguno sobre posibles alternativas de refugio o la orden, al día siguiente del siniestro, de mantener el barco alejado en alta mar, a 120 millas mínimo de la costa. “Me extraña que no aparezca reflejada”, admitió De Mesa. Aunque lo justificó: “No debieron considerarla relevante, esa orden la toma la autoridad marítima y solo compartía con el órgano rector información que consideraba relevante”.
En contra de su convencimiento de que cada decisión era antes de ser anunciada consultada con “los técnicos de cada departamento, funcionarios plenamente capacitados”, tanto el segundo de López-Sors, Manuel Nogueira, entonces en la subdirección de Tráfico, Seguridad y Contaminación Marítima, como el jefe de área, Francisco Suárez-Llanos, confirmaron en sus declaraciones como testigos que no intervinieron para nada en la decisión de ordenar el alejamiento del petrolero. “No voy ni a criticar esa decisión, ni a avalarla”, aseveró Nogueira, para quien, en contra de lo que dijo luego De Mesa, la orden “se decidió en el consejo rector”. El exalto funcionario reconoció en su largo interrogatorio de siete horas que, en su opinión, bastaba “como colchón de seguridad” con mantener el buque a 12 millas de tierra. Y se contradijo en su defensa de la tesis oficial de Marina Mercante de que cuanto más lejos, menor es la contaminación en la costa al defender al capitán del petrolero cuando pidió cambiar el rumbo al sur . “No le voy a negar ese derecho, si hay una mínima posibilidad de que el barco aguante, aun estando dañado estructuralmente, era yendo a aguas tranquilas, al sur”, afirmó.
En su opinión, tampoco era posible buscar una zona de abrigo. Ni A Coruña, de difícil entrada, ni Vigo, cercana al parque natural Illas Atlánticas, ni la ría de Corcubión, “demasiado abierta”, eran aptas para un trasvase.
El jefe de Tráfico y Seguridad en la Navegación de su departamento compartió esta tesis. Pero reconoció que no se le requirió un informe o análisis oficial de alternativas posibles de refugio para el barco, una vez logrado el remolque. “Comentamos alternativas entre marinos y fueron elucubraciones”, dijo Suárez-Llanos.
“La mentira tenía corto recorrido”
"Sin auctoritas, ni potestas”, sentenció ayer Arsenio Fernández de Mesa al reducir su papel en la crisis cuando era delegado del Gobierno al de mero portavoz para informar a la ciudadanía en ruedas de prensa. Unas comparecencias públicas, explicó, “en las que todo lo que decía obedecía estrictamente a lo que me decía que tenía que decir la Dirección General de Marina Mercante”.
“No se engañaba a nadie, la mentira tenía un recorrido muy corto porque en 24 horas quedaba al descubierto. La gestión fue impecable”, subrayó. “No di ninguna instrucciones a nadie, de cuestiones técnicas no sabía absolutamente nada”. De Mesa trató de desmentir así la declaración hace días de un directivo de la rescatadora del Prestige que lo señaló como el dirigente que más insistió en alejar el buque.
De Mesa aseguró “no tener idea” de si Marina Mercante valoró refugiar el buque. La ley impide entrar en ningún puerto a ese “conjunto de chatarra”, remachó.
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