El juez embarga el sueldo a la esposa del exgerente de Emarsa

La esposa del que fuera gerente de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa), Esteban Cuesta, uno de los principales imputados por el saqueo de la depuradora de Pinedo, verá embargado parcialmente su sueldo para responder de una fianza de 400.000 euros por la que ya le había sido embargada una vivienda. El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, Vicente Ríos, en sendas providencias fechadas el pasado día 15, levanta el embargo de una cuenta bancaria de Cristina Segarra Carbonell, que lo había solicitado para poder pagar las cuotas hipotecarias y otros gastos fijos, pero le embarga parte del salario "por su trabajo como funcionaria en el Centro de Transfusiones de Valencia".

El juez ya había apreciado "insuficiencia del bien embargado" el pasado diciembre, cuando Segarra aportó como garantía para la fianza la vivienda, valorada en 391.410 euros. Cuesta está imputado, en la investigación por el saqueo millonario de Emarsa, que  podría alcanzar los 40 millones de euros. Se le imputan delitos de estafa, administración desleal, falsedad en documento mercantil, malversación de fondos públicos y delitos contra la Hacienda pública. A ellos hay que añadir un supuesto delito de cohecho, por el que también está imputado su hermano, José Ramón Cuesta.

Esteban Cuesta y su esposa pactaron en 2005, poco tiempo después de que él fuera nombrado gerente de Emarsa, un régimen matrimonial de separación de bienes. A finales de ese mismo año, la mujer compró una vivienda y un garaje en Valencia, escriturados en 300.000 euros y con una hipoteca de 150.000 euros, ampliada posteriormente en 90.000 euros.Según la investigación judicial, ha habido "múltiples traspasos de dinero" desde cuentas de Cuesta a las de su esposa que permiten deducir que el importe de la vivienda siempre lo ha pagado el exgerente de Emarsa.

Por ello, el juez considera que la mujer se ha beneficiado de fondos que Cuesta había detraído de Emarsa y señala que existe una responsabilidad civil por haber participado "a título lucrativo" de los delitos que se investigan.