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El TC suspende el tributo a los depósitos bancarios y las tasas judiciales catalanas

La Generalitat estima en 650 millones la suma que dejará de ingresar

Una imagen de la fachada del edifico del Tribunal Constitucional.
Una imagen de la fachada del edifico del Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional decidió el martes  la suspensión del euro por receta en Cataluña y este miércoles anunció la anulación de otras dos decisiones aprobadas por el Gobierno de Artur Mas: las tasas judiciales y el impuesto a los depósitos bancarios, el nuevo tributo sobre los depósitos bancarios, que tanto había defendido Esquerra Republicana para que las entidades bancarias contribuyeran a soportar los costes de la crisis. El Ejecutivo catalán ya era muy consciente de que el alto tribunal ordenaría la cadena de suspensiones desde que el Gobierno de Rajoy anunció, en diciembre, que presentaría los recursos de inconstitucionalidad. “Van a saco”, espetó Mas, antes incluso de que trascendiera la parálisis de los dos tributos.

La Generalitat estima que con las tres medidas dejará de recaudar 650 millones de euros. De estos, 500 millones corresponden a la aplicación del gravamen bancario; 100 millones al euro por receta —más 40 millones que se ahorraba en fármacos— y 11 millones en tasas judiciales. El PP considera que esa cifra está hinchada porque el Ejecutivo de Mas sabía que Rajoy recurriría el impuesto sobre los depósitos desde que anunció que impondría un tipo impositivo cero para que las comunidades no siguieran la estela de Extremadura, Canarias o Andalucía y aplicaran ese tributo que el Gobierno de Aznar ya recurrió en 2001 y que el Constitucional acabó validando .En diciembre, el Ejecutivo establecía su propia capacidad para fijar un impuesto a los depósitos bancarios.

“Los recursos al tribunal son una invitación a la independencia”, dice Oriol Junqueras

ERC cree que Rajoy ordenó la imposición del gravamen cero con el fin de desbaratar una de sus propuestas estrella para contrarrestar los severos recortes (4.000 millones de euros) que tendrá que aplicar Mas para cumplir el objetivo de déficit. “Los recursos del Constitucional son una invitación a la independencia”, afirmó Oriol Junqueras, líder de Esquerra.

Mas dibujó un paisaje nefasto para el futuro de las finanzas catalanas y criticó con dureza que el Gobierno frene todas sus iniciativas. “Nos obligan a reducir el déficit, a recortar, y si no lo hacemos, no nos transfieren los recursos. Nos ponen en una situación de ahogo. Nos tumban el euro por receta y no nos dan alternativas. Van a saco. Y ya te espabilarás”, dijo Mas en una entrevista en Catalunya Ràdio. El presidente aludía así al siguiente esquema: el Ejecutivo catalán crea un tributo, el central lo reproduce y luego recurre la tasa de la Generalitat para que los ciudadanos de Cataluña no sufran un doble impuesto. Y ello a pesar de que ayer una resolución del Parlamento Europeo instaba a los Estados miembros a compartir en los diferentes niveles de Administración “de forma justa” los “esfuerzos” para reducir el déficit, “teniendo en cuenta los servicios” que presta cada Gobierno.

El Parlamento europeo  insta a los Estados a repartir “de forma justa” el déficit

Los farmacéuticos catalanes dejaron de cobrar a las 23.00 horas de ayer el euro por receta que entró en vigor en junio gracias al apoyo del PP catalán. El partido de Alicia Sánchez-Camacho, aunque suavizó esa tasa, siempre ha jugado con una doble baraja: teóricamente se oponía al tributo, pero se desmarcó en julio de una acción conjunta de la izquierda para forzar a Artur Mas a derogarlo. Los dos exsocios pactaron entonces que el gravamen estuviera en vigor hasta diciembre para evaluar su impacto en las arcas públicas y decidir si se prorrogaba o no. Las tasas judiciales se instauraron en mayo, también con el apoyo del PP. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, instó a Mas a retirarlas tras crear las estatales. El Consejo de la Abogacía Catalana celebró ayer la decisión del Constitucional porque dijo que comportaba una doble red de justicia “para ricos y para pobres”.

Las suspensiones dejan en una situación complicadísima a los gestores de las finanzas catalanas, que esperaban compensar los 4.000 millones de recortes con 1.000 millones de ingresos. El cálculo ya no es válido y temen nuevos recursos.