Fianza millonaria a Iberpotash por dañar el medio ambiente

El Tribunal Superior impone a la empresa a realizar un plan de restauración en dos meses

Iberpotash, la filial del grupo israelí ICL que explota las minas de Súria y Balsareny, no pasa una buena racha. Sus planes de expansión en la comarca del Bages no dejan de acumular obstáculos. El lunes era el Departamento de Territorio el que obligaba a la compañía a paralizar las obras de su rampa de 4,7 kilómetros que empezó a construir el pasado mes de octubre al no estar concluido el plan especial urbanístico.

Ayer fue el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el que le reclamó la presentación de nueva documentación para seguir ejecutando sus trabajos en lo que se denomina el Plan Phoneix, un ambicioso proyecto con una inversiones de 200 millones de euros para intensificar la extracción de potasas en las próximas décadas.

La sección tercera de la sala de lo contencioso administrativo del tribunal ordena a la Generalitat a requerir, en el plazo de dos meses, de un plan de restauración medioambiental que permita restañar el impacto de la explotación minera en ambos municipios en un horizonte que se prolongue hasta el año 2035. Además, la Administración deberá establecer una nueva fianza para asegurar los posibles incumplimientos por parte de la compañía, al considerar que la cuantía actualmente estipulada, de unos dos millones de euros, es insuficiente.

La reciente decisión del TSJC no es más que la ejecución provisional de una sentencia anterior de 2011. Así que el recurso obvia el recurso presentado por Iberpotash ante el Tribunal Supremo, pendiente de resolución. La actuación del tribunal obedece a la petición efectuada port el denunciante del proceso, Sebastià Estradé, vecino de Sallent afectado por los residuos salinos que Iberpotash —y las sociedades que explotaron las minas con anterioridad— ha ido acumulando fruto de la extracción de potasas en las minas. Un grupo de vecinos de Sallent ha presentado una denuncia similar todavía por resolver.

Un informe encargado al estudio del ambientólogo Ramon Folch cifra en 100 millones de euros la fianza que sería necesaria dado el proyecto que Iberpotash tiene entre manos. Ese informe se basa en que los residuos salinos se incrementarán a un ritmo de 1,2 millones de toneladas anuales, lo que supondría duplicar el actual volumen de desechos salinos, que acaban salinizando el río Llobregat, con el consiguiente coste de saneamiento para la Agencia Catalana del Agua.

La falta de inversiones para revertir los daños medioambientales ha provocado que los fabricantes de sal hayan denunciado a Iberpotash ante la Comisión Nacional de la Competencia por lo que consideran por “dumping ambiental”.

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