Puigdemont defiende ante el juez el alquiler de los trenes de la Diada

El alcalde de Girona ha acudido hoy a los juzgados, aunque no estaba requerido. Carles Puigdemont ha querido dejar patente su disgusto por la actitud de la Delegación del Gobierno en Cataluña, que denunció al Consistorio que él preside por alquilar dos trenes para trasladar a un millar de personas desde Girona y Figueres a la manifestación de la Diada. En la vista, que se ha celebrado esta mañana, el alcalde ha tomado la palabra para calificar de “lamentable” el recurso y denunciar de nuevo una “persecución ideológica” por parte del Gobierno del PP contra ambos ayuntamientos.

El conflicto entre la Delegada del Gobierno en Cataluña, María de los Llanos de Luna, y los dos ayuntamientos gobernados por CiU –Girona alquiló los trenes para uso de ambos municipios- comenzó un día después de la Diada, el 12 de septiembre, cuando la delegada dio la orden de recurrir con posterioridad el decreto de alcaldía que aprobaba la decisión de fletar los convoyes para la manifestación independentista, que resultó ser multitudinaria. El Gobierno mantiene que un ayuntamiento carece de competencias para organizar un servicio de transporte fuera del municipio y acusa a los alcaldes, Puigdemont y Santi Vila –nombrado recientemente consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat- de actuar con motivaciones políticas.

Lo mismo, pero a la inversa, es lo que ha denunciado esta mañana Puigdemont. “Hoy no tendría que estar aquí”, ha criticado el alcalde, que ha criticado que “se gaste dinero y tiempo” del contribuyente en una denuncia que no generará ningún beneficio económico. Puigdemont también ha aprovechado la ocasión para levantar la bandera del municipalismo. “Los ayuntamientos servimos a los ciudadanos mucho más allá de lo que establece la ley”, ha dicho. La abogada del Estado ha negado cualquier motivación política y ha pedido que se anule el decreto de alcaldía, única consecuencia que podría tener la denuncia de la Delegación del Gobierno.

Los dos alcaldes decidieron fletar un tren para los vecinos que quisieran acudir a la manifestación organizada por la Asamblea Nacional Catalana. Los billetes, con precios de 10 euros para adultos y cinco para niños, se acabaron rápido, por lo que ambos Consistorios decidieron alquilar otro tren. El servicio, que no se pagó con dinero público, llegó a generar un superávit de 2.400 euros, que se destinaron al Banco de Alimentos. El abogado del ayuntamiento de Girona, Lluis Pau, ha afirmado que en caso de que prospere la denuncia quedarían anulados los actos posteriores relacionados con el decreto de alcaldía, incluido el que aprueba la donación del dinero al Banco de Alimentos.