Una autonomía responsable de sus impuestos

“El sistema de financiación de las comunidades autónomas debe basar una parte sustancial de los ingresos directos de estas en los tributos recaudados en su territorio y la correspondiente responsabilidad fiscal ante los ciudadanos en el uso de los recursos públicos”. La apuesta por un nuevo modelo de Estado que se refleja en el documento Un federalismo integrador para la España del siglo XXI, que los socialistas valencianos preparan como aportación al debate interno del PSOE, es contundente en la crítica del actual modelo de financiación autonómica y en la reclamación de un sistema que no se base “en la mera aplicación de un polinomio de distribución”.

De ahí que el secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, centrara en el problema de la financiación autonómica su intervención en el Comité Federal del pasado sábado. El actual sistema no ha funcionado para la Comunidad Valenciana, vino a decir, y el federalismo puede resolver el problema. Ayer mismo, Puig insistió en que el federalismo “dará respuesta a las situaciones que producen desigualdad en los territorios por la financiaicón y también entre las personas”. Y añadió que los estados federales “cuentan con los mecanismos de control que hubieran evitado el desastre que se ha producido en la Comunidad Valenciana”.

El federalismo habría evitado el desastre valenciano, sostiene Ximo Puig

La distribución de los recursos en el Estado de las Autonomías es “irracional e inadmisible”, señala el documento en el que trabajan los socialistas valencianos. En la financiación autonómica las posiciones del PSPV-PSOE se acercan a las del PSC y, en general, a las reivindicaciones contra la discriminación fiscal que se formulan desde Cataluña. Sin embargo, como puntualiza Puig, es “una pieza clave” de la propuesta federalista sobre la que “todavía hay que discutir”. Se refiere, por ejemplo, a la estructura de la agencia tributaria y su grado de descentralización. Con todo, el borrador en el que trabaja el PSPV-PSOE señala algunos aspectos fundamentales.

La aplicación del actual sistema ha “perpetuado las desigualdades de la distribución territorial”, sostiene. Las asimetrías existentes “no responden a ningún patrón racional: no igualan el trato de los habitantes de los diferentes territorios en el ámbito de los servicios fundamentales, tampoco se comportan como un mecanismo más redistributivo”. Se trata, por tanto, de un problema que “es urgente corregir”. A ello se añade el intento de culpar a las autonomías del alcance y la gravedad del déficit público. El documento alega que las comunidades autónomas representan el 52% del gasto total y han generado el 19% del aumento del endeudamiento público, mientras que la Administración central representa el 35% del gasto y ha originado el 79,9% del endeudamiento entre 2008 y 2011. “No es razonable que la Administración central, que gestiona un tercio del gasto público total en 2012, se atribuya un objetivo del 4,5% del PIB y les imponga a las comunidades autónomas un objetivo del 1,5% del PIB cuando estas gestionan la mitad del gasto público total”.

No es razonable un límite de déficit central más suave que el autonómico

El borrador propone un nuevo sistema basado en la autonomía y la corresponsabilidad fiscal, que garantice la equidad y el bienestar, la solidaridad y la prudencia financiera, desde la lealtad institucional, con simplicidad y transparencia. Para ello, aboga por que el sistema incluya “mecanismos de evaluación de sus resultados y de la trayectoria financiera de las comunidades que, sin perjuicio de su autonomía, favorezcan la eficiencia y la estabilidad financiera, así como la rendición de cuentas”.

“Estados Unidos, Canadá, Australia o Alemania”, dice el documento, “son ejemplos de grandes países que han sabido asentar, con muchos esfuerzos, soluciones federales muy diversas pero que funcionan”. La titularidad de los impuestos, añade, puede ser federal o estatal, o compartida, pero han de cumplirse dos principios: “identificar los derechos de ciudadanía y el nivel de gobierno (federal o estatal) que los garantiza”, y garantizar la lealtad institucional. “Gestionar la caja no implica apropiarse de la solvencia financiera que se deriva de la recaudación de los tributos que son de otro nivel de gobierno”, advierte el documento.