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25 años del pacto de ajuria enea

El principio del fin de ETA

Hace 25 años, los partidos democráticos vascos firmaron el Pacto de Ajuria Enea con el que se abrió paso a la derrota política de la banda terrorista

Un momento de la histórica firma del Pacto de Ajuria Enea en enero de 1988. De izquierda a derecha, Alfredo Marco Tabar (CDS), Iñaki Oliveri (Eusko Alkartasuna), Txiki Benegas (PSOE), el lehendakari José Antonio Ardanza (PNV); Kepa Aulestia (Euskadiko Eskerra), Xabier Arzalluz (PNV) y Julen Guimón (Coalición Popular). Ampliar foto
Un momento de la histórica firma del Pacto de Ajuria Enea en enero de 1988. De izquierda a derecha, Alfredo Marco Tabar (CDS), Iñaki Oliveri (Eusko Alkartasuna), Txiki Benegas (PSOE), el lehendakari José Antonio Ardanza (PNV); Kepa Aulestia (Euskadiko Eskerra), Xabier Arzalluz (PNV) y Julen Guimón (Coalición Popular).

El cese definitivo de ETA tiene una fecha que pasará a la historia: 20 de octubre de 2011. Pero para llegar a ella, la lucha antiterrorista ha hecho un largo recorrido en los 35 años que van desde la amnistía de 1977 marcado por varios hitos. Destaca el Pacto de Ajuria Enea, firmado el 12 de enero de 1988, hace 25 años. Con él se asumió el principio de que “la paz no tiene precio político”, que superó la división entre nacionalistas y no nacionalistas y dio paso a la deslegitimación de ETA y su entorno.

 Al Pacto de Ajuria Enea, el primero contra ETA de todos los partidos democráticos vascos, el lehendakari José Antonio Ardanza, su primer firmante, lo califica como “la derrota política de ETA”; Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior hasta poco antes de que la banda anunciara su cese definitivo, asegura que en ese pacto “está la hoja de ruta del final de ETA”. Sus firmantes más comprometidos, además del peneuvista Ardanza, Txiki Benegas, por el PSE, Kepa Aulestia, de EE y Julen Guimon, de Coalición Popular, ya fallecido, coinciden en que el pacto marca “un antes y un después en la lucha antiterrorista”. ETA ha reconocido que el pacto le infringió el mayor daño político en su historia.

Hasta 1988, en que ETA ya había asesinado a 600 personas, la lucha antiterrorista era una mera lucha policial, con un Estado solitario, sin apoyo social ni internacional, y con los partidos nacionalistas y no nacionalistas enfrentados porque los primeros consideraban que el terrorismo de ETA era una consecuencia del “conflicto político vasco” que no se resolvería hasta que el Estado reconociera la autodeterminación, recuerda Ramón Jáuregui, delegado del Gobierno en Euskadi entre 1982 y 1987.

La expresión más aguda de aquel caos se vivió a comienzos de 1981. En pocas semanas, ETA secuestró y asesinó al ingeniero Ryan de la central nuclear de Lemóniz; la movilización antiterrorista que generó se neutralizó con la muerte en comisaría del etarra Joseba Arregi, que tuvo una enorme respuesta de apoyo a ETA en las calles vascas; al poco, los parlamentarios de Batasuna interrumpieron al Rey en la Casa de Juntas de Gernika.

Aquel caos culminó con el intento de golpe de Estado del 23-F del 81, tras un año en el que ETA asesinó a 92 personas. “Eran los años de plomo, con una orientación equivocada en la lucha antiterrorista que alimentaba la diabólica espiral de acción-represión por actuaciones policiales al margen de la democracia y con los nacionalistas que se oponían a la acción policial y a que Francia colaborase”, recuerda Jáuregui.

ETA ha reconocido que el acuerdo le infligió el mayor daño de su historia

El Pacto de Ajuria Enea puso fin a ese caos. El atentado del Hipercor de Barcelona, en junio de 1987, el mayor de la historia de ETA, con 21 muertos, causó tal consternación que Felipe González encargó a Txiki Benegas, secretario general del PSE, que lograra un diagnóstico común con todos los partidos. Lo logró el 5 de noviembre de 1987 con las formaciones representadas en el Congreso, incluido el PNV. Fue el Pacto de Madrid.

Pero aquel pacto servía para poco si Euskadi, donde radicaban los apoyos a ETA, no suscribía el suyo. Benegas acordó con el lehendakari que en el debate de política general de septiembre de 1987 apoyaría una propuesta de pacto contra ETA si este la proponía. Fue el pistoletazo de salida.

Ardanza abrió rondas con los partidos. La principal dificultad procedía de los partidos nacionalistas, que exigían para un pacto contra ETA el reconocimiento de la autodeterminación, lo que implicaba que ponía un precio político a la paz que el PSE y Coalición Popular no aceptaban.

El Pacto estimuló la movilización y legitimó al Estado en el País Vasco

Cuando las conversaciones se atascaron, el 11 de diciembre de 1987, ETA atentó contra el cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, dejando 11 muertos, cuatro de ellos niños. Ardanza aprovechó aquella nueva consternación para superar el atasco. Consiguió que Aulestia, de EE, —partido procedente de ETA pm— dijera, tras entrevistarse con él, que estaba dispuesto a firmar su borrador, contemporizador con los no nacionalistas, lo que puso en tensión a todos. Les convocó en Ajuria Enea a una reunión de “la que no se podía salir sin acuerdo”. El encierro se prolongó los días 10, 11 y 12 de enero. Las jornadas empezaban a las 10 de la mañana y terminaban de madrugada. “Se creó una dinámica de colaboración que nunca había existido. Había una presión social a favor del acuerdo. Los reunidos sabían que el que rompiera se la jugaba”, señala José Luis Zubizarreta, participante en las reuniones con el lehendakari. De hecho, el representante de Eusko Alkartasuna, Iñaki Oliveri, abandonó la reunión el día 11 pero tuvo que regresar el 12 debido a la presión social. Guimón, de CP, para asegurarse la conformidad del acuerdo, no llamó a Jaime Ignacio del Burgo, reacio al mismo, sino a Jesús Aizpún, proclive. Y Ardanza hizo una gestión con Antonio Hernández Mancha, entonces líder de AP, para asegurarse el apoyo de la derecha.

Aquel pacto terminó con el caos en la estrategia política contra el terrorismo. La clave del pacto fue la constatación de que ETA no era una consecuencia del “conflicto vasco” sino la manifestación dramática del fanatismo, con lo que se la marginaba del ámbito político y, en consecuencia, se rechazaba la negociación política con ella para terminar con el terrorismo. También se legitimaba la lucha policial y se constataba que la solución al problema vasco estaba en el marco del Estatuto.

Al asumir estos principios el nacionalismo democrático se terminó con la división entre nacionalistas y no nacionalistas y se aisló a ETA y a su entorno. Fue tal la unidad que los firmantes del pacto decidieron que el lehendakari hablara en nombre de todos. Felipe González tuvo especial interés en que el Ardanza tuviera el protagonismo, recuerdan Benegas y Jaúregui.

La unidad democrática facilitó la movilización en la calle y el Pacto de Ajuria Enea convocó grandes manifestaciones. La más importante fue la del rechazo al asesinato de Miguel Ángel Blanco, edil del PP de Ermua, que se extendió a toda España. Antes, la llegada de José Luis Corcuera al Ministerio del Interior en 1988 terminó con la guerra sucia que deslegitimaba la lucha antiterrorista. En 1989 se celebraron las conversaciones en Argel entre Gobierno y ETA, siguiendo las pautas del Pacto. La intransigencia de ETA abrió los ojos a Francia e implicó su decidida colaboración contra el terrorismo que llega hasta hoy. Con todos los nuevos elementos —unidad política, legitimación policial, movilización social y colaboración internacional— se pusieron los cimientos del final de la banda terrorista.