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ANÁLISIS

La entropía de un escándalo

El PP intenta poner diques de contención al caso Emarsa desde que empezó el escándalo. La investigación del juez Vicente Ríos abarca el periodo 2004-2010, en el que Enrique Crespo y Esteban Cuesta fueron el presidente y el gerente de la empresa que gestionaba la estación depuradora metropolitana de Pinedo. Y avanza inexorable en el esclarecimiento del fraude, hasta el punto de que convierte en ridículas resoluciones parlamentarias de hace pocos meses, como la del pasado mayo, que trató de limitar el alcance de las irregularidades halladas por una comisión parlamentaria de las Cortes Valencianas al que fuera alcalde de Manises, al que fuera alcalde pedáneo de Benimàmet y al director financiero de Emarsa, Enrique Arnal. Se trataba de cortar en seco cualquier intento de contaminar a la Generalitat con la sospecha. Y no digamos al Ayuntamiento de Valencia. Sin embargo, hoy tienen un papel relevante entre los 40 imputados el que fuera gerente de la Epsar, José Juan Morenilla, y el que fuera jefe de explotación, Ignacio Bernácer, mientras la manipulación de los convenios con los que financiaba la Generalitat el tratamiento de lodos en Pinedo ocupa un lugar central en el millonario saqueo.

Dinamitar el desarrollo del escándalo antes de que pudiera dar sus primeros pasos es lo que pretendía la disolución precipitada de Emarsa en julio de 2010, cuando los socialistas ya empezaban a airear los trapos sucios. Dijo ante el juez la concejal Maria Àngels Ramón-Llin que no fue una decisión de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y apuntó a la “autoridad competente”, el entonces consejero de Medio Ambiente, Juan Cotino. Nadie cree a estas alturas que Esteban Cuesta cayera por casualidad en la depuradora ni que Enrique Crespo, vicepresidente de la Diputación de Valencia, fuera un despistado. Seguramente Francisco Camps, entonces jefe del Consell, sabe algo de eso. La entropía del escándalo aumenta sin que sea fácil vaticinar hasta dónde pueden llegar sus consecuencias.

Regalos injustificados a cargos públicos y gastos en prostitutas rumanas aparte, el fraude se basó en una tupida red de complicidades entre técnicos sin escrúpulos y políticos corruptos. Una madeja que, a medida que avanza la instrucción, adquiere perfiles más inquietantes. Resulta que el rastro del imputado sobre el que pesa una orden internacional de búsqueda, Jorge Ignacio Roca Samper, que habría blanqueado en Francia el dinero robado y cuya esposa es la única implicada en la cárcel, conecta con una serie de técnicos aparentemente honorables que coincidieron en los años 90 en empresas de depuración de aguas en Barcelona, Morenilla y Bernácer entre ellos. Ambos llegaron a la Epsar años después de la mano del consejero de Obras Públicas, José Ramón García-Antón. No es de extrañar, porque García-Antón (repentinamente fallecido en 2009 de un ataque al corazón) era del mismo gremio. No en vano fue director del Consorcio de Aguas de la Marina Baixa y gerente de la empresa Proaguas, de la Diputación de Alicante, antes de hacer carrera con Eduardo Zaplana.

Además de constatar la deplorable falta de control del sistema de depuradoras, la tenacidad del juez del caso Emarsa sigue acumulando pruebas. ¿Permitirán en algún momento descubrir a los auténticos responsables políticos?