PSC e ICV llevan al Parlament la venta de la incineradora de residuos especiales

La privatización de la única planta de España dedicada a la incineración de residuos especiales, ubicada en Constantí (Tarragonès) y hasta ahora de titularidad pública, causa malestar entre el PSC e ICV. Ambos partidos pedirán explicaciones a la Generalitat por el anuncio de la venta, publicado el 7 de enero. El PSC ingresará preguntas en la Cámara catalana y la semana próxima presentará una moción o una proposición no de ley con el objetivo de paralizar la venta de la incineradora o forzar a la Generalitat a mantener al menos el 51% de sus acciones, según  el diputado Xavier Sabaté. La diputada de ICV-EUiA, Hortènsia Grau, también contraria a la privatización, ya ingresó este miércoles una batería de preguntas en el Parlament. Cuando estas sean respondidas, impulsarán medidas desde su grupo parlamentario.

El PP por su parte esperará a obtener más información sobre la venta y cuando estén creadas todas las comisiones parlamentarias no descarta pedir la comparecencia del consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila. Por otro lado, el alcalde Constantí, Josep M. Sabaté Sans, miembro de ERC, impulsará una moción en el plenario municipal que después se elevará también al Parlament y espera que allí su partido la respalde.

 El Ejecutivo catalán pretende desprenderse del 100% de las acciones de la incineradora por un precio mínimo de 42,2 millones de euros, un importe que Sabaté considera una “ganga” porque “la Generalitat lleva invertido más del doble” de esta cantidad en la instalación. Pero lo que más importa a PSC, ICV y al primer edil de Constantí es el futuro control medioambiental y de seguridad ciudadana de la infraestructura, considerada “de alto riesgo” por la alta toxicidad y peligrosidad de los materiales que se tratan en ella: Son todos los residuos que no pueden ser eliminados por vía ordinaria (combustión o soterramiento), de manera que la planta trata productos tóxicos y peligrosos como residuos con azufre, tierras con restos de hidrocarburos o tejidos animales de alto riesgo entre otras muchas sustancias peligrosas. “Tratar en la planta todos los residuos industriales especiales de Cataluña comporta un riesgo, aceptamos su implantanción después de mucha información y porque la tutelaría la Generalitat, hay instalaciones que no pueden entrar en el mercado”, sostiene Sabaté.

“La planta era modélica en cuanto a control de emisiones", señala el alcalde  republicano de Constantí

El alcalde de Constantí teme que una vez pase a manos privadas la planta mengüen los controles de la Generalitat y la Universidad Rovira y Virgili (URV). “La planta era modélica en cuanto a control de emisiones. Cuando se instaló recogieron plantas, agua, aceite de los olivos, tejidos, muestras de sangre…tres o cuatro veces al año nos exponían los resultados. Queremos que este plan se siga cumpliendo”, afirma el edil. “¿Cómo garantizará la Agencia Catalana de Residuos la continuidad de los estudios de toxicología sobre las personas y el medio que se hacen por medio de convenio con la cátedra de toxicología del a URV?, se pregunta Grau.

La incineradora de Constantí se construyó entre 1995 y 1998 tras demandarla las grandes empresas químicas, petroquímicas y petroleras que operan a su alrededor, en las inmediaciones de Tarragona. En un principio la infraestructura, que entró en funcionamiento en 2000, era propiedad pública en un 70,8%, Basf Española tenía el 9,7% de las acciones, Repsol Petróleo el  5,6%, y Bayer Hispania Industrial, Hoescht Ibérica, Aiscondel y Dow-Chemical Ibérica el  3,5% cada una. Sin embargo, después pasó por completo a manos de la Generalitat, así que ahora pertenecía a la empresa Ecoparc de Residuos Industriales y operaba bajo el paraguas de la Gestora de Residuos Especiales de Cataluña (Grecat), cuyo contrato finaliza en 2015. El PSC alerta del interés lucrativo que puede suscitar una incineradora de este calibre, por ser la única en Cataluña. “Tratar todos los residuos industriales aquí es un negocio redondo, deben llevarse allí de manera forzosa, quien se la quede tendrá un monopolio”, alerta el diputado socialista.

El alcalde de Constantí pide garantizar los puestos de trabajo, el pago del canon por tonelada incinerada estipulado y los gastos de luz del polígono, pactados con la Generalitat durante todos estos años.