La Generalitat lleva al Constitucional la reforma de la FP del Gobierno

La Generalitat recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) sobre el Real Decreto 1529/2012 que regula la Formación Profesional (FP) dual, impulsado por el Gobierno central, por invasión de competencias. Así lo ha aprobado este martes el Consell Executiu (que vendría a ser el Consejo de Ministros autonómico). El gobierno catalán presenta el recurso, después que hace tres semanas el Consejo de Garantías Estatutarias emitiera un dictamen en el que establece que varios de los artículos de dicho Real Decreto “son contrarios”, tanto a la Constitución como al Estatut catalán en cuanto a la distribución de competencias en materia educativa y laboral.

Concretamente, se impugnan los artículos 16.8, 30.5 y 31.2, parte del artículo 22.2 y la disposición final primera. El primero de estos establece que "cuando una misma empresa realice contratos para la formación y el aprendizaje en más de una Comunidad Autónoma, la autorización del acuerdo para la actividad formativa será concedida por el Servicio Público de Empleo Estatal". El texto también otorga a este organismo estatal "el seguimiento y evaluación" de la actividad formativa. La Generalitat considera que esta regulación pertenece al ámbito "ejecutivo" y "organizativo" de los contratos y recuerda que la administración autonómica tiene las competencias exclusivas en estos aspectos en materia laboral, según el artículo 170 del Estatut y el 149.1.7 de la Constitución.

En la misma argumentación se escuda la Generalitat para impugnar el artículo 22.2 (que da la potestad al Estado para coordinar el servicio de información y orientación a las empresas interesadas en rubricar contratos de formación y aprendizaje) y el 31.2 (que otorga al Ministerio de Educación el poder de autorizar un proyecto de formación profesional dual que afecte a más de una Comunidad Autónoma).

El portavoz del Govern, Francesc Homs, ha explicado que la presentación de este recurso es inevitable, ya que el Gobierno español rechazó un requerimiento previo de incompetencia que había presentado la Generalitat el pasado 23 de noviembre.