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El fiscal y las defensas negocian para evitar un juicio que salpica a Unió

El pacto pasa por rebajar las penas y admitir que el partido se financió ilegalmente

El empresario andorrano Fidel Pallerols.
El empresario andorrano Fidel Pallerols.

El caso Pallerols, de presunta financiación ilegal de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), va a cerrarse, previsiblemente, con un acuerdo entre las partes. La fiscalía y las defensas de los seis acusados en la trama de desvío de fondos públicos al partido de Josep Antoni Duran Lleida negocian intensamente desde ayer para cerrar un pacto que evite el juicio.

El acuerdo, que puede sellarse hoy en la Audiencia de Barcelona, pasa por que los acusados admitan los hechos, es decir, que parte de las subvenciones de la Generalitat procedentes de la Unión Europea y destinadas a formación de parados fueron a parar a las arcas del partido de Unió. A cambio de esa confesión, el fiscal rebajaría sustancialmente la petición de pena para los acusados, con el fin de que puedan eludir la cárcel.

El juicio debía iniciarse ayer en Barcelona, más de 13 años después de que empezasen las primeras investigaciones. La vista, sin embargo, quedó suspendida hasta hoy para ultimar los detalles de un pacto que viene fraguándose desde hace meses.

En su escrito de acusación, el fiscal Fernando Rodríguez Rey pide penas de siete a once años de cárcel para cada uno de los seis acusados, incluidos diversos excargos de la Generalitat y exdirigentes de Unió. El fiscal acusa al partido democristiano como responsable a título lucrativo y, por primera vez en la historia judicial española, le exige que devuelva el dinero público con el que se benefició directamente. En concreto, fueron 197.388 euros de los cursos de parados que se destinaron a la compra de material para las sedes del partido y a pagar nóminas de militantes que, sin realizar ningún trabajo, figuraban como empleados de las empresas que impartían los cursos. Si los acusados no pueden hacer frente a la responsabilidad civil, cifrada en 595.972 euros, el fiscal reclama a Unió que asuma esa cantidad como partícipe a título lucrativo.

Consciente de que se trata de un asunto complejo y que se ha dilatado en el tiempo —lo que disminuye las probabilidades de que algunos de los implicados acaben en prisión— la fiscalía pretende que los acusados reconozcan los hechos y devuelvan el dinero. El pacto implica, según fuentes judiciales, rebajar las penas de cárcel a menos de dos años por malversación, cohecho y falsedad documental, lo que evitaría su ingreso en prisión. Uno de los principales escollos de la negociación ha sido el dinero. El acuerdo conlleva, en ese sentido, una rebaja de la responsabilidad civil que deben afrontar los acusados.

Los hechos investigados ocurrieron entre 1994 y 1999, bajo el Gobierno de Jordi Pujol. La trama fue urdida por el empresario andorrano Fidel Pallerols. Él y su mujer, la también acusada Mari Cruz Guerrero, desarrollaban “cierta actividad política” en torno a Unió. Sus empresas empezaron a recibir subvenciones para organizar cursos de formación. Esas ayudas eran gestionadas desde la Dirección General de Empleo de la Generalitat. Sus dos máximos responsables en aquella época —Lluís Gavaldà y su subordinada, Dolors Llorens— también han sido procesados. Se produjo entonces una “confluencia de intereses”, según el escrito del fiscal: Vicenç Gavaldà, a la sazón secretario de organización de Unió, y Santiago Vallvé, antiguo militante, vieron la oportunidad de obtener, por esa vía, un cauce “para sufragar gastos del partido”. Según fuentes judiciales, las dos mujeres implicadas en la causa (Cruz y Llorens) pueden quedar absueltas en virtud del pacto entre las partes.

La tesis de la fiscalía es que el 10% de los 8,8 millones de euros que fueron a parar a las academias del empresario Fidel Pallerols se desviaron a otros fines. Entre ellos, la financiación ilegal de Unió.