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El juez del ‘caso Astapa’ imputa a seis personas más por falsedad y blanqueo

La operación contra la corrupción en Estepona, iniciada en 2008, suma ya 109 encausados

Un policía saca documentos del Ayuntamiento de Estepona. Ampliar foto
Un policía saca documentos del Ayuntamiento de Estepona.

La trama de corrupción en Estepona (Málaga) conocida bajo el nombre de caso Astapa va camino de convertirse en una causa eterna. El juez sigue realizando imputaciones, y ya son 109 personas las investigadas. El último auto emitido por el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona, Jesús Torres Núñez, apunta la implicación de otras seis personas, casi todos administradores de empresas de arquitectura y construcción, como supuestos pagadores de al menos 334.088 euros entre 2003 y 2007 al arquitecto municipal Ignacio de la Hoz. Este dinero fue abonado, según las tesis de la Policía, bien en pago a informes o actuaciones propias de su cargo y en atención a su posición en el organigrama municipal, o bien “en pago de trabajos de arquitectura o urbanismo incompatibles con dicho cargo”. Los seis nuevos encartados están imputados por delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental.

De la Hoz mantuvo relaciones comerciales con los nuevos imputados a través de la sociedad Hamsa Arquitectura y Gestión SLU. El técnico municipal giró facturas a la empresa Despacho de Arquitectura Mediterránea SL, administrada por Álvaro de Luna Abella y Walter Iturmendi, y a las entidades Zigurat Gestiones, Seven Shores, Quid Tum Gestión y Doxa Arquitectura, administradas por Rafael López Cañas. Los investigadores calculan que De la Hoz “habría cobrado al menos 334.088 euros, aunque no se descarta que esa cifra pueda elevarse a 816.127 euros.

En su resolución, fechada el pasado 12 de diciembre, el juez pone de relieve que en “el contexto” de los pagos aparecen empresas que tuvieron grandes intereses inmobiliarios en Estepona en los años del boom inmobiliario, como Labaro, Azata, Ventero o Construcciones Salamanca. Torres autoriza en su escrito a la Brigada de Blanqueo de Capitales, de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, a tomar declaración a los nuevos imputados en relación con estos hechos.

El caso Astapa sigue complicándose sin que se vea su final en el momento en que el Juzgado de Instrucción padece la mayor falta de medios de la investigación. Astapa saltó a la luz en junio de 2008 e implicó a numerosos miembros de la Corporación municipal, entonces presidida por el socialista Antonio Barrientos (PSOE), hoy fuera de la vida política. Además de políticos, hay implicados empleados y técnicos municipales, y un nutrido grupo de empresarios de la construcción y organización de eventos.

Durante la instrucción, gran parte de los documentos intervenidos no han podido ser digitalizados pese a las sucesivas peticiones realizadas a la Junta de Andalucía. Además, la Agencia Tributaria, que ha colaborado en el caso, ya no puede proporcionar más ayuda por su propia escasez de personal. El último apoyo que ha perdido el juzgado número 1 de Estepona, ha sido el de un boina verde, término con el que jueces y fiscales denominan informalmente a los funcionarios más bragados, y que saben manejar, procesar y analizar gran cantidad de documentación en poco tiempo. “Su marcha ha ralentizado aún más la instrucción”, aseguran fuentes judiciales.

La semana pasada, el juez Torres citó a declarar a tres imputados de una hornada anterior. Todos están imputados por cohecho y malversación de caudales públicos relacionados con la firma de los convenios La Teja y Cortijo la Teja, las actividades urbanísticas y la organización del Congreso Mundial de Noticias. El juez también tenía previsto realizar varios careos entre imputados y testigos y analizar conversaciones telefónicas sobre convenios urbanísticos que se les atribuyen.