Mas se autorecurrirá para defender la adjudicación de ATLL a Acciona

En una situación inédita y contradictoria, el Gobierno catalán se autorecurrirá y llevará al Contencioso Administrativo la resolución de su propio organismo que revisa los concursos públicos. Este órgano ve irregularidades en la privatización de Aigües Ter Llobregat (ATLL) y afirma que la empresa ganadora, Acciona, debería haber sido excluida del concurso. Se trata de la mayor privatización realizada en Cataluña, por casi 1.000 millones de euros, y se la llevó Acciona, que ya ha pagado un tercio del total del importe.

Esta cantidad (298,65 millones) es básica para la situación de las finanzas de la Generalitat y para el cumplimiento de los objetivos de déficit. La decisión de privatizar es política, admitió ayer el Gobierno: “Si no llegamos a final de año, tenemos que vender cosas para no recortar más”, recordó el consejero de Presidencia y portavoz del ejecutivo, Francesc Homs. El Gobierno confía en que mientras se tramita el recurso no se tenga que hacer cambio alguno en la adjudicación, por lo que no tendrá que hacer cambios sustanciales en las cuentas de 2012.

La resolución del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC) tiene origen en el  recurso presentado por Agbar, la segunda empresa que pretendía la adjudicación. El principal argumento del recurso de Agbar es que Acciona presentó un proyecto de mejora de la red de suministro con un plazo de ejecución superior a 10 años, el máximo previsto en el pliego de condiciones. Esta circunstancia abarataba la oferta de Acciona.

La emisión de la resolución por parte del OARCC se produjo solo cinco días después de la firma de la adjudicación de la ATLL a Acciona. Para ser exactos, la firma la estampó el consejero de Territorio y Sostenibilidad saliente —y en funciones—, Lluís Recoder, el mismo día que el actual ejecutivo —con Santi Vila como relevo— tomaba posesión del cargo. El actual consejero, pues, afronta la gestión de una patata caliente que no puso en el horno.

La valoración de la resolución del OARCC y el anuncio del recurso la hizo ayer Homs tras la reunión semanal del Ejecutivo catalán, celebrada excepcionalmente en jueves y por la tarde. En una comparecencia en algunos momentos desconcertante —como cuando admitió que la resolución es “ejecutiva” y “vinculante”—, Homs defendió “la profesionalidad y los criterios técnicos de los funcionarios que actúan en las mesas de contratación”. Inicialmente no se refirió en los mismos términos a los integrantes del órgano supervisor de la contratación pública, también funcionarios. Posteriormente sí valoró su profesionalidad: y ante la discrepancia, lo mejor es acudir al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). El convencimiento “tanto en el Departamento de Economía como en el de Territorio es que las cosas se hacen bien, por eso se interpondrá el correspondiente recurso ante el Contencioso Administrativo”.

¿Y mientras? ¿Quién gestiona el agua que sale de los grifos de los habitantes del área metropolitana de Barcelona? ¿Acciona? ¿La propia Generalitat de forma provisional? “Lo decidirá el tribunal, que es quien resuelve las diferencias de criterio”, acertó a responder Homs. También anunció que los consejeros implicados comparecerán en el Parlament para dar explicaciones sobre la adjudicación, como ayer exigieron los partidos políticos de la oposición.

Fuentes próximas a la oferta perdedora alertaron ayer de que Acciona podría estar operando ilegalmente. Agbar no quiso pronunciarse sobre el conflicto. Por su parte, la adjudicataria, Acciona, alertó a la Generalitat de que exigirá la devolución de los 298,65 millones pagados el pasado 27 de diciembre como primer canon concesional. “En el supuesto de que la situación creada desembocara en la anulación y resolución del contrato vigente, el consorcio adjudicatario tendría derecho a la devolución inmediata” de esta cifra y a una eventual reparación de los daños y perjuicios que se hubieran causado, se afanó a avisar el grupo presidido por José Manuel Entrecanales en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La oposición, al unísono, criticó el “espectáculo” que ha ofrecido el Gobierno con la privatización de la red de aguas. El portavoz del PP, Enric Millo, aseguró: “Estamos ante un auténtica chapuza que no permitirá a la Generalitat cumplir con el objetivo de déficit y que sólo puede responder o bien a que estamos en manos de una pandilla de incompetentes o bien a que hay intereses económicos ocultos que no se explican”. El Partit dels Socialistes e Iniciativa per Catalunya exigieron la comparecencia inmediata de los consejeros responsables de la operación.