Los médicos de Madrid vuelven al trabajo con una dimisión masiva

Los médicos madrileños abandonan la huelga, pero no la protesta. Ese fue el mensaje que quisieron transmitir ayer, al día siguiente de la aprobación de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de esta comunidad autónoma, que habilita al Gobierno regional a ceder a empresas la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud. Tras cinco semanas de huelga indefinida, han decidido cambiar de estrategia: vigilarán las posibles irregularidades de la gestión privada y las llevarán al juzgado, e intensificarán las dimisiones masivas como medida de presión. Cerca de 400 directivos de atención primaria, casi la mitad, están dispuestos a dimitir en bloque cuando empiecen las privatizaciones, lo que podría ocasionar un caos organizativo, aseguran. Los médicos de hospitales han empezado a renunciar a sus cargos en juntas técnicas y comités clínicos. Aseguran que se limitarán a tratar a sus pacientes, pero que no quieren colaborar con una reforma que califican de “desmantelamiento” de la sanidad pública.

Han sido cinco semanas de huelga indefinida de médicos, algo insólito no solo en la sanidad madrileña; también en la española. A los facultativos, poco dados a la protesta pública, se han sumado el resto de categorías sanitarias (enfermeras, técnicos, auxiliares...), sociedades científicas, agrupaciones profesionales... Los paros han dejado por el camino 40.000 consultas suspendidas, más de 6.000 operaciones aplazadas, un 40% menos de altas, con lo que escaseaban las camas libres para ingresar a nuevos pacientes... Y un agujero importante en las nóminas de los médicos que han secundado todas las jornadas: el descuento por día de huelga va de los 150 euros a los 235, en función de la antigüedad. Con el cambio normativo ya consumado, los médicos cambian de rumbo, pero no descartan volver a convocar huelgas en enero, según afirmó ayer el presidente de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), Pedro González.

“No pararemos ni para coger impulso”, añadió González. “Acudiremos a los tribunales si es preciso, vigilando que ninguno de nuestros impuestos vaya a parar injustamente a manos privadas”. Un total de 375 directivos de centros de salud (el equipo de los 270 ambulatorios lo forman un médico, un enfermero y un administrativo) se han comprometido a dimitir si la Comunidad de Madrid presenta los concursos para privatizar la gestión de 27 centros de salud (aún no se sabe cuáles son los elegidos). Así lo contó ayer José Luis Quintana, director de un centro de Getafe y portavoz de la plataforma que les agrupa. “Es la prueba palpable de que la atención primaria no quiere seguir por este camino. No queremos colaborar en este cambio”, señaló. Cerca de 3.000 profesionales de todas las categorías han anunciado también que renunciarán a participar en las comisiones de sus ambulatorios. Una decisión que responde, según la plataforma de directores, a “la falta de respuesta de la Consejería de Sanidad al seguimiento masivo de las huelgas convocadas, las manifestaciones multitudinarias, encierros y la firma en contra de más de 8.000 profesionales”. Hace unos días entregaron 7.933 firmas recogidas entre todas las categorías en 233 centros de salud. Era como una encuesta, puesto que se podía firmar a favor o en contra del plan de privatizaciones. Solo 17 personas votaron a favor o con un “no sabe, no contesta”.

“No hemos recibido ninguna carta de dimisión. Si las recibimos, las aceptaremos y procederemos a la sustitución de estos profesionales”, aseguró ayer el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, que dio una rueda de prensa para explicar cómo se aplicará en Madrid el euro por receta, que entra en vigor el 1 de enero. “No pueden sustituirnos, no tienen con quién. Ahora mismo ya hay entre 40 y 50 puestos directivos vacantes desde hace meses porque nadie quiere asumir esa responsabilidad a cambio de prácticamente nada”, explica Paulino Cubero, director de un centro de Carabanchel (Madrid). “En muchos aspectos, un centro de salud es como una isla. La dimisión masiva provocará un caos organizativo, pero no asistencial. Nos dedicaremos a ver pacientes y nada más”. “Los directores hacemos la gestión de las agendas, organizamos las ausencias del personal, somos la vía de comunicación, quienes recibimos las instrucciones de la gerencia”, añade Maribel Giráldez, de otro centro también en Carabanchel.

Lasquetty reconoció ayer que está empezando a recibir las dimisiones de médicos de hospital que renuncian a sus cargos en las juntas técnico asistenciales (órgano consultivo) y las comisiones clínicas. “En las juntas están por elección de sus compañeros. Convocaremos nueva elección para sustituirles”, señaló el consejero. Hay profesionales, como Belén Padilla, especialista en enfermedades infecciosas del hospital Gregorio Marañón, que ha dimitido del comité de infecciones y políticas de antibióticos después de 20 años formando parte de él. “Nos han llamado irresponsables, vagos y mentirosos. Se ha roto la relación de confianza que teníamos”, explica.

“Lamentamos una vez más la irresponsabilidad, la frivolidad y la incompetencia de las autoridades sanitarias y del presidente de la Comunidad de Madrid, que han colocado a la sanidad madrileña (pacientes y sanitarios) al borde del colapso ante su total e indisimulada indiferencia”, señalaron ayer los jefes de servicio de los hospitales públicos en un comunicado. Añadieron que no hay ninguna negociación abierta, a diferencia de lo que aseguran tanto Lasquetty como el presidente regional.

Los médicos de Afem, la organización que ha convocado la huelga indefinida, dieron ayer algunas pistas sobre por dónde van a ir las acciones de presión para tratar de paralizar la privatización. Han creado grupos de trabajo que “monitorizarán la calidad asistencial y la calidad del paciente” y denunciarán, también en los tribunales, “cualquier amenaza a esta calidad que se derive de la aplicación de recortes indiscriminados”, señaló Pedro González. “Siempre hemos dicho que la huelga es una medida de presión y no un objetivo en sí mismo”, aseguró. “La huelga es algo muy doloroso para nosotros en nuestra calidad de médicos. Nos hemos visto abocados a ello para tratar de paralizar un plan que perjudica a la sanidad pública”.

“Ya era hora”, aseguró ayer el consejero de Sanidad tras conocerse la desconvocatoria de los paros. “Esa huelga era injustificada desde el primer momento. Decían que la sanidad se vende y no es así. Ha perjudicado mucho a los ciudadanos. Hemos vivido dos meses muy convulsos y en mi opinión ya es hora de que eso acabe. Los hospitales y centros de salud no son un lugar para la confrontación y tensión. Los pacientes se han visto convertidos en rehenes de desacuerdos de tipo profesional que no tienen por qué afectarles”, añadió. En cambio, Afem, los jefes de servicio, los directores de primaria y los coordinadores de los planes estratégicos acusan a la consejería de haberles engañado con una negociación que nunca iba a llegar a buen puerto dado que la línea roja, la privatización, está ya decidida y se va a llevar a cabo por más propuestas de ahorro alternativas que presenten.

Las reuniones no se iniciaron hasta la tercera semana de huelga indefinida. El Gobierno regional asegura que ahorrará 200 millones de euros al año privatizando la gestión de los hospitales (recuperar el impuesto de patrimonio en la región supondría 300 millones). Los médicos, que han hecho sus propios cálculos basándose en los escasos datos proporcionados por la Consejería de Sanidad, aseguran que saldrá más caro que con la gestión directa actual. “Hemos demostrado que privatizar es regalar dinero a las empresas. No es más barato. Y la Consejería de Sanidad no ha rebatido nuestros datos”, afirmó ayer Pedro de la Oliva, de Afem. La cuarta reunión del Gobierno regional con los sindicatos acabó ayer sin acuerdo.

Pese a que el Gobierno regional repite que sigue dispuesto a dialogar, las posturas parecen irreconciliables. El Colegio de Médicos de Madrid criticó ayer las declaraciones del presidente y del consejero en las que han tratado de desacreditar a los facultativos. “El intento de crear una corriente de opinión en contra de los médicos no solo no es útil para nadie, sino que además es injusto, demagógico y antidemocrático”, afirma en una declaración hecha pública ayer. El Colegio confía en que, pese a que se haya aprobado la ley que permite la privatización, “no se lleve a cabo si, trabajando de forma conjunta con los facultativos, se encuentran vías alternativas de ahorro equivalentes”.