El negro horizonte de la Dependencia

Catalina Tejero pasa las horas sentada en un sillón frente a la ventana. No muestra mucho interés por lo que acontece fuera. Tampoco se entretiene con la televisión y responde con monosílabos a preguntas básicas. “Ha perdido el interés por todo”, resume su hija Julia Mangas. Con el semblante tranquilo y la mirada un tanto perdida, Catalina atiende a las instrucciones de Juan José Mangas, su marido. “Él es su principal cuidador, la trata con mimo, siempre está pendiente de ella. Jamás se han separado y así siguen, lo suyo es un amor de los que no quedan”, explica orgullosa la hija.

Catalina tiene 81 años y padece demencia cognitiva. Hace cinco años que los servicios sociales evaluaron su nivel de dependencia como severo y desde entonces tiene una ayuda económica de 330 euros. Su situación ha empeorado notablemente en el último año, pero su familia no se plantea reclamar que se reevalúe su caso porque están seguros de que, con la crisis económica, su petición quedaría en un cajón. “Aunque pidiera el cambio de grado, no iban a venir”, vaticina Julia.

Los recortes de la Ley de Dependencia acordados por el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) el pasado verano, han pospuesto hasta 2015 la incorporación de nuevos usuarios de Grado 1, considerados dependientes moderados. En Andalucía hay 40.000 personas a quienes se les ha suspendido el reconocimiento de este nivel de dependencia. La ayuda a domicilio, por ejemplo, ha descendido de 90 a 70 horas mensuales como máximo. A 109.000 personas les han bajado un 15% su prestación económica.

“Lo que más ha afectado ha sido la eliminación de las cotizaciones a la Seguridad Social de 53.000 personas, un 99% de mujeres que históricamente cuidaban a sus familiares”, afirma Jesús Huerta, director gerente de la Agencia de atención a la dependencia de la Junta de Andalucía. La implacable tijera ha dejado sin efecto un convenio por el que el Estado asumía sus cotizaciones y les permitía, cuando llegara la hora de jubilarse, tener una pensión digna gracias a esta labor. Desde septiembre, se han perdido más de la mitad de las cuidadoras que cotizaban, han pasado de 53.000 a 25.900 personas. “Este convenio suponía un reconocimiento a su labor, dignificaba el papel de la mujer. Ahora, si deciden cotizar, se quedan prácticamente sin nada de la ayuda”, añade.

Julia no cotiza como cuidadora porque también trabaja en una empresa familiar. Hace unos tres años decidió que sus padres vivieran en su casa de Málaga para poder ayudarles con las tareas domésticas y tenerles más cerca. “La ayuda no da para pagar a una persona, así que lo utilizamos para compensar los recortes”, dice. Su madre recibe una pensión de 530 euros por sus años de trabajo en el campo de su Rute (Córdoba) natal.

Una buena parte del dinero se les va en pañales, un producto “muy caro”, pero imprescindible para una persona dependiente, y que también les han racionado. “Se ha pasado de cuatro pañales para el día a tres, una persona mayor no hace el día con esa cantidad”, asegura la hija. Desde verano, la prestación de Catalina ha bajado 35 euros y además tiene que pagar 8 euros mensuales por las medicinas. Antes no pagaba nada.

El borrador del decreto de copago, todavía pendiente de aprobación, hace que la Junta de Andalucía tema que la situación se agrave mucho más. Ya han realizado una serie de simulaciones de cómo puede afectar lo previsto. Esos nuevos recortes hacen, por ejemplo, que un pensionista jubilado que cobre 618 euros y tenga una vivienda con valor catastral de 90.000 euros, pase de pagar 462 euros por una plaza en una residencia a 892 euros. Otra de las simulaciones estima que un jubilado que cobre 900 euros y reciba 60 horas de ayuda a domicilio, pase de pagar los 39 euros actuales, a 244 euros.

“El Gobierno del PP intenta impulsar el concepto de servicios sociales más ligado a la caridad que a los derechos, pero esa no es la mentalidad de la Junta”, precisa Jesús Huerta.