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INFORME DE LA SINDICATURA DE COMPTES

El Palau de les Arts y la Ciudad de la Luz hicieron contratos irregulares

RTVV compró documentales que no ha emitido sin justificar los elevados precios

Una imagen nocturna del Palau de les Arts.
Una imagen nocturna del Palau de les Arts.

Las empresas y fundaciones de la Generalitat Valenciana, actualmente en proceso de reconversión por parte del Gobierno del presidente Alberto Fabra, no solo registraron unas pérdidas de 845 millones de euros en 2011, contribuyendo a lastrar una situación de la Administración valenciana que ha exigido su rescate en 2012. También fueron el escenario de una buena parte de las irregularidades, o "incidencias", en la contratación que recoge el informe correspondiente a 2011 de la Sindicatura de Comptes, el organismo fiscalizador de cuentas valenciano. El informe, que se presentó el viernes, detecta incidencias de cierto relieve en prácticamente la mitad de los contratos que revisó el organismo auditor. Y dedica una atención especial, entre otros, a contratos efectuados por la Ciudad de la Luz, en Alicante y la Fundación Palau de les Arts, en Valencia, así como por la cadena autonómica Ràdio Televisió Valenciana (RTVV).

En el caso de la Fundación Palau de les Arts, que gestiona el edificio de la ópera, la pieza más emblemática del complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, entre otras irregularidades, la Sindicatura de Comptes señala que se contrató a alguno de los integrantes de su patronato o algún familiar sin las preceptivas autorizaciones. El Protectorado de Fundaciones debió conocer el caso para dar la autorización y aprobar la retribución, pero no lo hizo, según recoge el informe. Una reunión posterior del patronato de la Fundación Palau de les Arts, en junio de 2012, acordó iniciar los trámites para subsanar la incidencia, pero la irregularidad ha sido constatada por el organismo auditor.

El informe también indica que deben establecerse controles de la emisión de entradas gratuitas y entradas para patrocinadores “dado que actualmente la Fundación asume el IVA de todas las invitaciones independientemente de si se asiste o no”. La Sindicatura recuerda que compete a la Intendente del Palau de les Arts preparar, revisar y actualizar el programa plurianual de actividades, pero “no consta que dicho programa plurianual se haya aprobado por el patronato o la comisión ejecutiva, en quien está delegada dicha competencia”.

En la Ciudad de la Luz, los estudios cinematográficos que la Generalitat Valenciana construyó en Alicante, que acumulan unas cuantiosas deudas, se formalizó en 2011 la novación de un contrato de colaboración con una productora “sin atender a los principios de publicidad y concurrencia”. A juicio de la Sindicatura de Comptes, se trata, en realidad de una subvención. Y dado que la Comisión Europea ha resuelto que cualquier incentivo concedido a productores cinematográficos con la condición de rodar en el complejo constituye “una ayuda estatal ilegal e incompatible”, el contrato resulta irregular. La Comisión Europea declaró en mayo pasado, en respuesta a una denuncia de otros estudios cinematográficos de propiedad privada por vulneración de la libre competencia, que “los 265 millones de euros de financiación pública concedidos por la Generalitat a la sociedad no se facilitaron en condiciones de mercado, por lo que tienen que ser devueltos por el beneficiario”.

No se justificó la necesidad de los documentales de Triskel

La situación actual que enfrenta en los tribunales a la empresa pública Ciudad de la Luz y la concesionaria de la gestión del complejo, Aguamarga, ya se refleja en el informe de fiscalización de las cuentas de la Generalitat. “No se ha contabilizado ningún gasto proveniente del contrato suscrito con la empresa Aguamarga en concepto de arrendamiento de servicios de asesoramiento y orientación o supervisión general al estimar Ciudad de la Luz que está resuelto”, explica el informe. “Los gastos registrados contablemente en 2010 por este concepto se elevaron a 1.843.473 euros”. Se reseña a continuación la evolución del litigio, en el que la Generalitat solicita la rescisión del contrato y una indemnización por daños y perjuicios de 1,2 millones de euros y Aguamarga, el pago de los cánones pendientes y, en caso de resolución contractual, una indemnización de 10,3 millones de euros.

En lo que se refiere a Ràdio Televisió Valenciana, la institución auditora explica que la empresa pública adquirió derechos sobre tres documentales dedicados a “la situación política de España en la década de los 80, 90 y 2000” por 177.500 euros más IVA cada uno. Hasta ahora, constata la Sindicatura, sólo se ha emitido uno de los documentales y, aunque Canal 9 alega que vendió derechos de emisión a una televisión por 20.000 euros más IVA y a dos canales autonómicos por 10.000 euros más IVA cada documental, y que la productora recompró también parte de los derechos de comercialización, apunta que no se ha justificado su compra ni “la necesidad ni la idoneidad de los precios propuestos por el proveedor”.

La compra de los documentales, de contenido ultra, adquiridos a la productora Triskel, ya en periodo de gobierno de Fabra (que sucedió a Francisco Camps a mediados de año) levantó mucha polémica. Triskel es una productora vinculada al que fuera director de antena de Canal 9, Fernando Lázaro Quintela, que fue fichado por el entonces director de RTVV, José López Jaraba, en septiembre de 2011, solo dos meses después de la compra de los mencionados espacios. El pago de más de 600.000 euros por unos documentales que en algún caso ya habían sido emitidos por la cadena Intereconomía, fue objeto de duras críticas de la oposición y de fuertes polémicas en las Cortes. RTVV prescindió de Quintela el pasado mes de agosto.

Canal 9 pagó por cada documental lo que cuesta una serie de ficción

El informe de la Sindicatura de Comptes aporta un elemento comparativo muy interesante para calibrar la falta de justificación de los precios que pagó RTVV por los polémicos documentales. Si en un principio costaron 177.500 euros más IVA cada uno y después de la supuesta recompra de derechos y la venta a otros canales el coste se redujo a 92.000 euros más IVA cada uno, aún así superaban cualquier precio de mercado.

Al analizar los expedientes de adquisición de programas y productos para la emisión, la Sindicatura detalla en un cuadro una “muestra seleccionada” para la revisión de los contratos de las producciones propias adquiridas por Canal 9 durante el año 2011. Según ese cuadro, un espacio divulgativo de 30 minutos tenía un coste por programa de 9.116 euros. Una serie de ficción adaptada de 60 minutos costaba 91.012 euros por programa. Un magazine de 100 minutos salía por 82.500 euros cada programa. Un concurso-show de 50 minutos, por 63.454 euros cada emisión. Una serie de ficción de una hora de duración costaba 96.137 euros el espacio y otra serie de ficción de 45 minutos, 49.801 euros cada episodio.

Quiere eso decir que los responsables de Canal 9 compraron unos documentales, orientados a la descalificación de figuras como el juez Baltasar Garzón o el dirigente socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, por una cifra muy superior a la de cualquier producto televisivo similar y sólo equiparable al coste de una producción de ficción de 60 minutos de duración.

EU pide que se actúe contra Calatrava

Un polémico arquitecto. Ignacio Blanco, portavoz adjunto de Esquerra Unida en las Cortes Valencianas, exigió ayer al Gobierno valenciano que actúe contra Santiago Calatrava tras desvelar el informe de la Sindicatura que el arquitecto reclama otros 700.000 euros por un mural con motivos taurinos en el Palau de les Arts. “A pesar de que hace años que finalizó sus trabajos, a falta de rematar L’Àgora, siguen apareciendo pufos como los 700.000 euros de unos murales taurinos o lo más de 2,5 millones de euros de indemnización a las constructoras del puente de L’Assut de l’Or por culpa del retraso en el proyecto”, afirmó el diputado de Esquerra Unida. “Ya está bien de que nuestros gobernantes rindan pleitesía a un personaje que no ha dejado pasar ni una sola oportunidad de sacarnos los cuartos”, dijo Blanco, que instó al Consell a exigir que sea el despacho del arquitecto domiciliado en Suiza quien asuma la indemnización.