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Preguntas sin respuesta

Médicos del hospital de La Paz han presentado a las puertas de su centro las incógnitas que genera el plan de la Comunidad para privatizar la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud

Elena G. Sevillano
Protesta de médicos en La Paz.
Protesta de médicos en La Paz.LUIS SEVILLANO

“Queremos que la gente entienda por qué hacemos huelga y que sean conscientes de todas las preguntas sin responder que tiene este plan”, explicaba el 4 de diciembre, en el encierro del hospital de La Paz, uno de los médicos que ha estado organizando una de las actividades más reivindicativas de la protesta sanitaria: la pregunta al consejero —a partir de la mitad se han dirigido al presidente al dejar de considerar a Fernández-Lasquetty “interlocutor válido”—. El 5 de diciembre un grupo de sanitarios con sus batas blancas se colocaron frente a la entrada principal y mostraron carteles con letras en las que se leía la primera: “¿Podría por favor confirmar que los nuevos hospitales de gestión privada tienen que dar beneficios a sus inversores?”. La Comunidad de Madrid no les ha respondido. Tampoco a este diario. Las preguntas, algunas retóricas y otras de difícil respuesta, son estas. Tratamos de aclararlas:

1. ¿Podría por favor confirmar que los nuevos hospitales de gestión privada tienen que dar beneficios a sus inversores?

Ejemplo de pregunta retórica. Obviamente, las empresas no son ONG y siempre persiguen conseguir beneficios. Que lo hagan dependerá de su gestión. En 2011, las constructoras de los seis hospitales cuya gestión se privatizará escribieron a la Comunidad para reclamar más dinero. Pedían 80 millones extra y advertían del “colapso” de los centros en caso de no recibirlos.

2. ¿Puede confirmar que el beneficio obtenido por el hospital de gestión privada viene de los impuestos de los ciudadanos?

Los pagos que se hacen a los hospitales gestionados por empresas proceden de los presupuestos de la Comunidad.

3. ¿Puede confirmar que el beneficio de un hospital de gestión privada será mayor cuanto menos gaste por paciente atendido?

Parece evidente. La Consejería de Sanidad pagará una cápita a la empresa que gestione la actividad sanitaria del hospital. Será una cantidad fija anual por habitante. Si ese paciente tiene que someterse a un procedimiento en otro centro, o si por libre elección decide ser tratado fuera, el hospital resulta penalizado porque debe abonar a la Administración el tratamiento. El dinero sigue al paciente, como proclama desde hace años la Consejería. Al hospital de gestión privada le interesará derivar lo menos posible y evitar que se le marchen los enfermos.

4. ¿Se ha puesto algún límite a los beneficios de las empresas concesionarias? ¿Y al sueldo de sus gerentes?

Los pliegos de los concursos para adjudicar los hospitales aún no han salido. En casos previos, no existen tales límites.

5. Si las empresas concesionarias tienen pérdidas, ¿quién las rescatará? ¿Y a los pacientes?

Con el hospital de Alzira (Valencia) quedó claro que, si el negocio fracasa, la Administración se encarga de rescatarlo. Las pérdidas hicieron que la Comunidad Valenciana rescindiera el contrato de concesión a Ribera Salud y volviera a sacarlo con mejores condiciones. Lo ganó la misma adjudicataria. El hospital de Manises, con la misma gestión que quiere implantar en seis hospitales el Gobierno de Madrid, acumula pérdidas y ha pedido a la Comunidad Valenciana que mejore las condiciones del contrato.

6. ¿Por qué ninguno de los 10 mejores hospitales de EE UU están gestionados por empresas con ánimo de lucro?

Diversos estudios publicados en revistas científicas han demostrado que la calidad de la asistencia se ve mermada en centros que tienen ánimo de lucro.

7. ¿Por qué pagar 441 euros por paciente en 2013, cuando en 2012 nos han costado 347?

Los seis hospitales de gestión mixta costaron, según cálculos de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) a partir de los presupuestos, 347 euros por persona y año. La Consejería de Sanidad explica, sin ofrecer datos concretos ni ningún tipo de documentación, que en realidad los hospitales gastan más porque derivan a muchos pacientes a otros centros. Esa actividad no se les cobra, porque aún son públicos, pero supuestamente se hará cuando sean de gestión privada.

8. ¿Por qué los presupuestos de 2013 recortan en los hospitales de gestión pública (-18%) y aumentan en los de gestión privada (+9%)?

El consejero, Javier Fernández-Lasquetty, respondió a esa cuestión en una rueda de prensa la semana pasada. Dijo que parte del aumento se debe a que el hospital de Móstoles (gestión privada) se inauguró en marzo de 2012, por lo que en 2013 se le paga el año completo. Pero hay que tener en cuenta que los contratos de hospitales como Valdemoro (gestión privada) se actualizan al IPC +2, algo que no sucede con los centros públicos, que ven mermadas sus cuentas año a año.

9. ¿Qué opinión tienen de los conflictos de intereses del director general de Hospitales y de los dos anteriores consejeros de Sanidad?

Los sanitarios se refieren a los trasvases entre Administración y empresas privadas. El director de Hospitales, Antonio Burgueño, trabajó para empresas de la sanidad privada antes de llegar al cargo. Tanto Manuel Lamela como Juan José Güemes, exconsejeros de Sanidad, tienen ahora intereses en el sector sanitario privado.

10. ¿Por qué piden 533 millones cuando recortan 60? ¿Para qué los 473 millones restantes?

La última de las diez preguntas se la han hecho también los sindicatos y el comité profesional que ha estado negociando con la Consejería de Sanidad. Es la cantidad que les exige recortar para retirar el plan de sostenibilidad que incluye las privatizaciones. Pese a que el consejero asegura que los 533 millones resultan de restar el presupuesto de 2012 del de 2013, lo cierto es que la diferencia es solo de 61 millones (de 7.172,5 este año a 7.111,5 el próximo). En rueda de prensa, Lasquetty aludió a un fondo de contingencia. Este diario solicitó los datos concretos; no le fueron facilitados.

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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