EH Bildu fuerza al Gobierno a aclarar su posición sobre las ayudas sociales

Comienza la revisión de las políticas sociales del anterior Gobierno. Los parlamentarios de EH Bildu Oskar Matute y Belén Arrondo presentaron ayer una proposición no de ley que busca desandar el camino de “recortes impuestos por el Gobierno de Patxi López” en materia de ayudas sociales, tanto en su acceso como en las cuantías.

La iniciativa obligará al nuevo Ejecutivo y al PNV, que se ha mantenido al margen de los cambios sin tomar posición nítida en sede parlamentaria, a aclarar su postura. La propuesta, que deberá debatirse en el pleno, recoge eliminar el endurecimiento del requisito de empadronamiento aprobado en 2011 y el recorte del 7% de las cuantías, establecido temporalmente para 2012 en la Ley de Presupuestos de ese año, que EH Bildu también pide modificar.

Preguntados por su opinión sobre el nuevo consejero, Juan María Aburto, Matute aseguró que, si mantiene una “línea continuista” respecto a su gestión en Bizkaia, es probable que les “tenga enfrente”. Durante este año se han quedado sin ayudas “más de 3.600 familias”, explicó Arrondo, echando mano de cifras de Cáritas. El planteamiento de EH Bildu no solo busca redirigir el área de ayudas sociales a la época previa a los cambios, sino pagar a quienes los han sufrido durante el último año, con efectos retroactivos.

La formación plantea

En total, según los cálculos de la coalición, sería necesario abonar 50 millones de euros adicionales a través de un “fondo especial” —20 por la modificación del empadronamiento y otros 30 por la reducción de las cuantías mensuales en un 7% durante los últimos doce meses—. Cantidades que en épocas de escasez “se pueden detraer de muchos lugares”, explicó Matute, citando inversiones como la del AVE vasco. El presupuesto para las ayudas en 2012 se ha elevado a 400 millones de euros, que debieron ampliarse en 60 millones más en uno de los últimos consejos de la etapa de Patxi López ante los incrementos de perceptores. En septiembre se registró un máximo histórico, con 59.900, solo en perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos. Todo ello pese a las miles de suspensiones tramitadas.

Matute censuró la “sospecha instalada” sobre los perceptores y aseguró que el fraude no se encuentra en las ayudas, sino entre los contribuyentes. La propuesta también pide eliminar la obligatoriedad de que los perceptores de ayudas realicen servicios para la comunidad de forma “extraordinaria”. Aún no se ha desarrollado la ley en este sentido—.