Fomento pide un traspaso de los activos del banco malo a las comunidades

La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés (IU), quiere saber cuáles serán y dónde están ubicadas las viviendas y el suelo andaluces que pasarán a formar parte del 'banco malo' pero también va a exigir un traspaso de estos activos a las comunidades autónomas de manera que sean las administraciones públicas las que los gestionen.

Así lo ha explicado en declaraciones a los periodistas antes de participar en la Conferencia Sectorial de Vivienda que se celebra este miércoles en Madrid con la participación de los consejeros autonómicos de la materia. La reunión no está presidida por la ministra Ana Pastor sino por el secretario de Estado, Rafael Catalá.

Cortés ha señalado que la gestión pública de esos activos inmobiliarios es la forma de poder garantizar el derecho a la vivienda para poder cubrir la situación de "emergencia social" que se vive en esta materia.

Asimismo, la consejera andaluza ha alertado de que el comportamiento del Gobierno central, reflejado en el contenido del Plan Estatal de Vivienda, Rehabilitación y Suelo así como el anteproyecto de Rehabilitación y Reactivación urbana, demuestra que "lejos de aprender del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y de este proceso de especulación, prepara el terreno para un segundo negocio, el del alquiler y la rehabilitación".

A su juicio, se trata de un "nuevo negocio" para los grandes capitales y para las sociedades de capital inmobiliario que cotizan en bolsa y que "buscan su propio beneficio frente al derecho a la vivienda de la mayoría social".

La consejera también expondrá en la Conferencia Sectorial sus reclamaciones sobre desahucios y esa quita que plantea para el conjunto de familias que, pese a no haber perdido su empleo, siguen pagando hipotecas que "contiene cláusulas abusivas y sobrecostes artificiales".

En la misma línea, expondrá las medidas puestas en marcha en Andalucía y cómo desde hace seis meses se han paralizado los desahucios en el parque público de viviendas para aquellos andaluces que tienen un sobreendeudamiento por la pérdida de su empleo. Así las cosas, ha pedido que la iniciativa se haga extensiva a todo el país y la paralización inmediata de todos los desahucios.

Además, recalcará que en la región se han abierto oficinas de vivienda que desde el 8 de octubre hasta el 23 de noviembre han atendido a 650 personas, han abierto expedientes y parten de la premisa de romper la neutralidad, para "ponernos en el lugar de las víctimas" tratando así de frenar esa política que conduce a "casas sin gente y gente si casa".

Por otro lado, la consejera ha recalcado que apoya la iniciativa legislativa popular que recoge cientos de miles de firmas y que llegará próximamente al Congreso con tres elementos "fundamentales", la dación en pago con carácter retroactivo, el alquiler social y el cambio de dos leyes, la de enjuiciamiento civil y la hipotecaria. Al respecto de esta última, ha subrayado que "ha sido puesta en tela de juicio hasta por Tribunal de Justicia de la UE porque tiene cláusulas abusivas en cuanto a que no protege a los ciudadanos y sí a la entidad financiera".

Por último, Cortés ha saludado la celebración de la Conferencia Sectorial, algo que ella misma había reclamado desde hace varias semanas por la "situación de urgencia social ante el drama de los desahucios", sin embargo ha lamentado que en la documentación aportada para la misma la palabra 'desahucio' solo esté nombrada "una vez", en el decreto ley del Plan Estatal de Vivienda y Suelo para plantear que a aquellas personas que han tenido una VPO y han sido desahuciadas no se les exija la devolución de las ayudas que cobraron y el interés legal del dinero. "Esa es la única vez que aparece la palabra desahucio, el Ministerio sigue sordo, ciego y mudo", ha criticado.