Bonig entrega tres pisos de los 3.000 previstos hace un año para desahucios
Los socialistas denuncian 44.381 ejecuciones hipotecarias desde 2008 en la Comunidad
Un año y un mes ha tardado la Generalitat en ofrecer los primeros pisos en alquiler a las familias desahuciadas o en riesgo de exclusión social. Isabel Bonig, consejera de Vivienda de la Generalitat, entregó ayer en Castellón los tres primeros pisos de los 3.000 anunciados hace un año dentro del plan extraordinario aprobado por el Consell. Una cantidad ridícula si se tiene en cuenta los 44.381 desahucios registrados en la Comunidad Valenciana desde 2008.
La entrega se hace después de la fuerte presión social habida tras el suicidio de varios afectados por los desalojos. De hecho, el anuncio de que el Consell iba a poner a disposición 12 viviendas del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) para minimizar estos casos se hizo apenas un par de días después de una de estas muertes en Barakaldo
La política de vivienda de la Generalitat se ha ido al traste en medio de una de las peores crisis económicas. El plan extraordinario aprobado hace un año por el Gobierno de Alberto Fabra partió con el objetivo de poner 3.000 viviendas a disposición de los afectados. Luego la cifra se rebajó a 2.300 y ahora el parque se ha reducido a 1.200 pisos públicos, todos vacíos.
Desde entonces, la consejería ha suscrito convenios solo con tres Ayuntamientos —Castellón, Monòver y Paterna— y ha entregado tres viviendas. Hay 46 viviendas preparadas para entregar, 69 podrán darse en el primer trimestre de 2013 y se licitará la rehabilitación antes de febrero de otras 161. La Generalitat valorará si es necesaria la intervención en otras 324. En total serían 600 pisos disponibles.
Del resto, otras 600, Bonig dijo que están siendo ocupadas ilegalmente o tienen otras irregularidades que “se están resolviendo en un proceso judicial”.
La tardanza y la testimonial cifra de beneficiados del plan aprobado hace un año fue ayer duramente criticada por la portavoz de Vivienda en las Cortes Valencianas, María José Salvador. “Un año después de que el pleno del Consell apruebe el plan extraordinario de alquiler para personas desahuciadas, el balance son tres convenios con tres Ayuntamientos, y entrega de tres viviendas”.
A la vista de estas cifras, Salvador consideró el plan un fracaso. Solo en Castellón son 4.737 las familias desahuciadas desde 2008. “Lamentamos la desidia del Consell en estos años, que no han invertido ni en mantener el parque público de vivienda ni se han preocupado de aumentarlo”
La Generalitat ha recortado un 50% el presupuesto de vivienda y un 75% la aportación al IVVSA. “Lamentamos la desidia del Consell”, añadió Salvador.
Una portavoz de la consejería explicó que la tramitación administrativa del plan y la remodelación del Instituto de la Vivienda —reducido a su mínima expresión tras un expediente de regulación de empleo— explican el retraso. En cualquier caso, Vivienda se escuda en que hasta la fecha solo han solicitado en el IVVSA un piso 150 personas.
250 millones de ayudas a la vivienda pendientes
Las políticas de vivienda pública se hundían conforme la crisis económica ganaba terreno. Las protestas de personas afectadas por los recortes se han multiplicado en los últimos meses. La plataforma de afectados por los impagos del plan de vivienda reclaman al Gobierno valenciano que les abone las ayudas concedidas y pendientes de pago desde comienzos de 2009.
Según la diputada socialista María José Salvador, la deuda que la Generalitat mantiene con los beneficiarios valencianos asciende a 250 millones de euros. Algunos de estos pagos, los más antiguos, corrían peligro de prescribir. Ayer, la Consejería de Vivivenda aseguró que las subvenciones del cheque vivienda o las subvenciones al alquiler no caducarán ni se perderán. Pero tampoco aseguraron en qué fecha se abonarán. “Cuando haya crédito presupuestario”, explicaron ayer desde la consejería. Según el Grupo Socialista en las Cortes, el número de afectados ronda los 50.000.
La falta de vivienda asequible genera problemas cada vez más graves y ha pillado a la administración pública valenciana a contrapié. La presión social se ha redoblado y las autoridades se afanan ahora en trasladar sensación de actividad.
Ayer le tocó a la consejera de Vivienda, Isabel Bonig, con la entrega de estos pisos de alquiler. Una de los tres beneficiarios es Soraya, una mujer con cuatro hijos a su cargo, que pidió hace dos años un piso social de alquiler porque tenía serios problemas para pagar la hipoteca. Soraya tenía el desalojo fijado el 10 de este mes. A partir de ahora pagará un alquiler de 170 euros mensuales a la Generalitat.
En Valencia, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, entregó ayer las llaves de otros 11 pisos sociales en régimen de alquiler a familias con problemas, con rentas que oscilan entre los 40 euros mensuales y los algo menos de 200.
El acto, que se celebró en el hemiciclo, se produce después de las duras críticas vertidas por los partidos de la oposición, que pidieron al Gobierno local que destine los pisos vacíos propiedad del Ayuntamiento a las familias con problemas de alojamiento.
El Consistorio tiene abierto otro frente con un amplio colectivo de inquilinos de viviendas municipales. Unos 200 de ellos pidieron hace unas semanas una bajada del 25% del precio de los alquileres. El Gobierno local del PP ya les ha respondido que no los reducirá.
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