El desalojo del edificio ocupado de la Politécnica queda en manos del juez

El Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) ha acordado este jueves reclamar el desalojo del antiguo edificio de la Escuela del Medio Rural y Enología (otrora Agrícolas) de Valencia, que en vísperas del paro general del 14 de noviembre fue ocupado por un grupo de jóvenes para convertirlo en la 'Casa de la Huelga' (coloquialmente, Calavaga). El dia anterior a la huelga el rector, Juan Julià, acordó la apertura de un expediente administrativo para recuperar  el inmueble y nombró un instructor, cuyos informes fueron la base del requerimiento publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) para que en ocho días, es decir, hoy, y vistas las alegaciones presentadas se desaloje el edificio.

Fuentes de la UPV han señalado que a partir de ahora es competente la autoridad judicial para adoptar las medidas oportunas. El deseo del rector Juan Julià es que el desalojo se produzca "de forma pacífica" porque les "preocupa la integridad de las personas, ya que hay informes técnicos que recomiendan que no se ocupe ese edificio, puesto que no reúne las condiciones de seguridad pertinentes". Los ascensores no pasan la revisión desde hace tres años y no se han repuesto los extintores. Estas instalaciones, además, se encuentran al lado de un hospital "por lo que extremadamente grave que continúen allí". El edificio está en desuso desde 2010, cuando el personal y la instalaciones docentes se trasladaron al campus de Vera.

Más cuitas en el Consejo de Gobierno. El órgano ejecutivo de la universidad ha acordado, como anunció el gerente en el último claustro prorrogar los presupuestos para el ejercicio próximo, dejándolo en los 350 millones de 2012, que ya suponían un 6’2% menos que en 2011. 

Una "situación de extrema incertidumbre respecto al cierre y liquidación del ejercicio 2012, así como su posible repercusión en las cuentas de la Universidad Politécnica para el ejercicio 2013" es lo que ha llevado al equipo rectoral a prorrogar las cuentas del próximo ejercicio. Esa incertidumbre tiene una traducción en cifras muy concretas: los más de 61 millones de euros pendientes de pago del ejercicio 2012 por parte de la Generalitat. Además, la Politécnica pide que "se clarifique con fiabilidad los plazos de cobro efectivo de la deuda histórica de la Generalitat" con esta institución académica.