El alcalde de Santiago avisa a su edil que debe cesar si la juez la mantiene imputada
El regidor desconoce si hay otras imputaciones de funcionarios en el Ayuntamiento
El alcalde de Santiago, el popular Ángel Currás, avisó ayer a su compañera de Gobierno, la concejal de Educación y Normalización Lingüística, Rebeca Domínguez, de que deberá dimitir si sigue imputada tras prestar declaración el día 20 ante la jueza instructora de la Operación Pokémon. “La norma” en el Partido Popular es dejar el cargo, aseguró el regidor compostelano que accedió al cargo precisamente después de que su antecesor se viera obligado a renunciar al bastón de mando tras ser imputado por un juez que lo acusa de defraudar 291.000 euros a Hacienda y cuyo sumario se sigue tramitando.
Preguntado por la prensa sobre la situación procesal de su edil, Currás explicó que Domínguez “todavía no declaró”. “¿Quién dice que se mantiene la imputación? A lo mejor no se mantiene, defendió ante los medios el alcalde compostelano quien ha reiterado que “habrá que esperar" antes de tomar decisiones políticas en el consistorio. Cuando se le interrogó acerca de las medidas que podría conllevar esta nueva imputación en un presunto caso de corrupción, Currás invocó esa supuesta “norma general” de su partido que implica dejar sin responsabilidades a los cargos afectados. “Se vio en otros casos de imputados anteriores”, señaló el regidor, sin citar el caso de su predecesor Gerardo Conde Roa.
Por otra parte, en relación a la también imputación del funcionario y técnico de Educación en el Ayuntamiento de Santiago José Manuel R. A., confirmada por fuentes municipales, Currás defendió que no tiene “constancia” de ello “más allá de la información de la prensa”.
“Tengo constancia de la situación de Rebeca Domínguez, pero no de otros funcionarios”, ha manifestado el alcalde compostelano, para concluir, ante la insistencia de los medios, que carece de “constancia oficial de funcionarios llamados a declarar” en el marco de la Operación Pokemon que investiga presuntas tramas corruptas en varios ayuntamientos de Galicia relacionadas con las concesiones administrativas. Por este mismo caso tuvieron que dimitir los alcaldes de Ourense, el socialista Francisco Rodríguez, y el de Boqeixón, Adolfo Gacio, del PP.
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