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La Junta exige a la Iglesia que abra los templos restaurados con dinero público

El consejero de Cultura se reúne con el arzobispo de Sevilla para encauzar el conflicto Alonso insta a los obispos a cumplir la ley de Patrimonio Histórico

Luciano Alonso, consejero de Cultura, junto al arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo.
Luciano Alonso, consejero de Cultura, junto al arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo.

El desacuerdo entre la Junta de Andalucía y la Iglesia católica por el pago que tienen que hacer los ciudadanos para acceder a templos religiosos restaurados con dinero público ha entrado en una vía, al menos, de diálogo. La comisión mixta Junta-Iglesia, que se puso en marcha en 1986, va a analizar la situación e intentar dar salida al conflicto. Los argumentos del Gobierno andaluz son claros: desde 1997 ha invertido más de 93 millones de euros en la rehabilitación de patrimonio eclesiástico y la Iglesia debe facilitar el acceso gratuito a estos templos.

La Consejería de Cultura entiende que, con estos cobros, se está vulnerando la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. Las diferencias entre el Gobierno autónomo y la jerarquía eclesiástica surgieron a raíz del intento de cobrar por entrar en la iglesia de Santa María de los Reales Alcázares de Úbeda (Jaén) y hasta este viernes no había habido ningún contacto personal público entre las dos partes.

El Ejecutivo invierte 93,8 millones en inmuebles de la Iglesia desde 1997

El encuentro fue entre el consejero de Cultura, Luciano Alonso, y el arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, quien escuchó las demandas de la Junta y que la Administración ya había expresado por carta. Tras la reunión, Asenjo no compareció ante la prensa, pero un portavoz añadió posteriormente que el asunto se tratará en una reunión de los 10 obispos del sur el próximo 20 de enero. Este portavoz evitó pronunciarse sobre la marcha de la reunión entre Alonso y Asenjo.

La ley de Patrimonio Histórico andaluz fue aprobada en 2007. La norma establece que son los propietarios de los bienes culturales los que tienen que garantizar su conservación. Pese a lo estipulado, la Iglesia disfruta de un convenio marco privilegiado por el cual la Administración autonómica invierte en la restauración y conservación de los bienes a cambio de que se garantice el acceso público gratuito al menos cuatro días al mes a los ciudadanos. Este punto del acuerdo, sin embargo, ha sido incumplido reiteradamente a lo largos de los años en numerosos templos que han sido restaurados con dinero público y en los que la Iglesia ha seguido cobrando. Las quejas que llegaron a Cultura por la situación creada en la iglesia de Úbeda fueron el detonante de la reacción del Gobierno autónomo.

Cultura quiere que los BIC se puedan visitar gratis cuatro días al mes

La iglesia Santa María de los Reales Alcázares está restaurada al 100% con una inversión de la Junta superior a los seis millones de euros. Los responsables del templo y una empresa privada que lo gestiona cobran cuatro euros por la entrada, se reparten los beneficios; la Junta no se embolsa nada y los andaluces pagan.

En la cita de este viernes, Alonso expuso a Asenjo las condiciones que deben darse para que la ley se cumpla: los inmuebles declarados Bien de Interés Cultural (BIC) de titularidad eclesiástica están obligados a abrir cuatro días al mes de forma gratuita. “Todos tenemos que someternos al principio de legalidad. Debe cumplirse porque la ley no es discutible”, dijo Alonso tras la reunión.

Sobre el patrimonio eclesiástico restaurado por la Junta que no esté declarado BIC (la iglesia de San Sebastián de Antequera o la de Santo Domingo en Granada), la Junta pide “reciprocidad”. Es decir, que dos días al mes y en horarios fijos haya acceso gratuito a estos templos. “Queremos formar parte de la solución de los problemas, y no quedarse en ellos”, repitió en varias ocasiones el titular de Cultura.

Una vez que los 10 obispos andaluces debatan la propuesta de Alonso, habrá una nueva reunión entre la Junta y la Iglesia. El consejero de Cultura confió en que las diferencias estén resueltas definitivamente cuando llegue ese momento.

Alonso sí avanzó que la comisión mixta Junta-Iglesia se va a reunir más a menudo para abordar estas discrepancias. “Probablemente en los primeros tiempos deban acentuarse las reuniones, y luego se harán periódicamente”, aseguró el consejero.

Inversiones de la Junta en patrimonio eclesiástico

Desde 1997 a 2001 la Junta de Andalucía ha invertido 23.792.277 euros y desde 2002 a 2011 70.000.117 en el arreglo de 387 bienes muebles de titularidad de la Iglesia católica. En total, los 93.792.394 euros se han repartido entre 162 muebles catalogados como Bienes de Interés Cultural (BIC), y en 225 inmuebles con gran valor patrimonial. Al margen de la Junta, otras administraciones como el Ministerio de Cultura han realizado intervenciones.

La iglesia de El Carmen en Antequera(Málaga), que cobra la entrada, recibió tres millones de euros íntegros de Cultura para su remodelación.

La iglesia de los Descalzos de Écija (Sevilla), cerrada en la actualidad, percibió de las arcas de la Administración autonómica cinco millones para su restauración.

La iglesia de los Agustinos de Huécija (Almería), cerrada para las visitas pero abierta al culto, fue rehabilitada con 1,4 millones de euros de los fondos de la Junta.

En la iglesia gótico mudéjar de Santa Catalina (Sevilla) la Junta ha invertido 812.000 euros, y quedan, por un convenio que se firmó con el Ayuntamiento sevillano, unos 91.000 euros. El consejero de Cultura, Luciano Alonso, pidió este viernes al arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, en su reunión mantenida en la sede de la Consejería, que el Ayuntamiento de Sevilla y el arzobispado aporten la misma cantidad que la Junta ha invertido hasta el momento para la rehabilitación de la iglesia. "La oferta es a tres partes", explicó Alonso. Por lo que el coste de 903.000 euros se repartiría entre el Ayuntamiento de Sevilla, el Arzobispado como propietario del templo y la Junta.

La iglesia de Santa María de los Reales Alcázares de Úbeda (Jaén), percibió de Cultura más de seis millones de euros para su rehabilitación íntegra. Por entrar al templo, que ha estado cerrado durante 28 años, los ciudadanos pagan cuatro euros. Esta iglesia, de titularidad eclesiástica pero gestionada por una empresa privada, ha provocado la polémica entre el Gobierno de Andalucía y la Iglesia católica.

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