El traficante Patterson esquiva al juez

El currículo delictivo de Leonard Patterson no entiende de fronteras: fraude en Zurich en 1975, contrabando de especies protegidas diez años más tarde en Dallas, estafa por comercio de obras atribuidas a Dalí en Basilea (1991), posesión de artículos robados en Londres (2006) y tráfico ilegal de piezas arqueológicas en medio mundo. Viejo conocido de la Interpol, que le ha seguido los pasos por tres continentes, la peripecia de este costarricense de 69 años que se presenta como mecenas y coleccionista de arte parece salida de una trama de John Le Carré.

Casado ocho veces, la Unidad de Arte y Antigüedades de Scotland Yard llegó a relacionarlo con la muerte de un mecenas peruano, Raúl Apesteguía, brutalmente asesinado en 1996. El día del crimen desapareció de casa de la víctima una de las más importantes piezas de la arqueología precolombina: el tocado de oro moche que reproduce una cabeza humana de unos 50 centímetros con oro laminado y lapislázuli, que semanas después fue hallada en la residencia londinense del abogado de Patterson. Cómo acabó allí el codiciado tocado es un misterio nunca desvelado.

Sus cuentas pendientes en los juzgados de Santiago vienen de la misma época. En 1996 había aterrizado con todos sus antecedentes en Galicia para presentar un acontecimiento único. Se ofrecía a exhibir “por primera y última vez” su ambiciosa colección, un vasto catálogo con más de 1.000 piezas de arte precolombino en el “lugar soñado”: entre los muros de la ciudad del Apóstol. Apadrinado por el entonces nuncio del Papa, Mario Tagliaferri, logró involucrar a tres instituciones públicas —la Xunta, la Universidad de Santiago y el Consorcio de la ciudad— en el patrocinio del evento que contó con la bendición de la líder indigenista y premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, presente el día del estreno.

Durante meses, el exuberante ajuar repleto de máscaras olmecas, vasos mayas, imponentes incensarios aztecas y atavíos funerarios originales (de valor incalculable pero cuya tasación rondaba los 60 millones de euros, según algunos expertos) concentró la atención de las visitas y el orgullo del Gobierno de Manuel Fraga, entusiasmado con la exposición. En el lustroso catálogo de la muestra Patterson escribió: “Mi colección jamás había sido mostrada en una exhibición global y un libro. Nunca lo quise así y no me gustaría repetir la experiencia”.

Pero su estancia en Galicia y toda aquella parafernalia escondía motivos más mundanos. Tan pronto como se desalojaron las vitrinas del museo compostelano, el supuesto mecenas intentó colocar el legado de varios siglos de cultura precolombina a la Consellería de Cultura de Galicia a cambio de 3.000 millones de pesetas. La transacción se frustró gracias a la intervención de una arqueóloga experta en arte amerindio que presumió el origen ilegítimo de la colección y alertó a la Xunta: los objetos procedían del expolio de una zona conocida como El Cerro de la Mina, una antigua pirámide mochica del siglo I.

Desbaratado su plan original, Patterson puso tierra de por medio y dejó amontonada la muestra en una empresa de mudanzas. En un bajo a las afueras de la ciudad el tesoro amerindio pasó 10 años al cuidado de los operarios y de un deshumidificador. Hasta que en 2006 la Sala de lo Penal número 23 de Lima (Perú) envió a un juez de Santiago una comisión rogatoria para exigir la devolución de los objetos.

La petición de la justicia peruana activó un protocolo de colaboración internacional y dejó patidifusos a los miembros de la Brigada de Patrimonio Histórico del Cuerpo Nacional de Policía que se presentaron en la empresa de mudanzas para custodiar la colección. Milagrosamente, pese a los rudimentarios métodos de conservación, la unidad policial certificó que las piezas se encontraban en buen estado y el juez decano de Santiago, Javier Míguez, dictó una orden de depósito y decretó su inmovilización mientras tramitaba reclamaciones de media docena de países. El caso derivó en un embrollo judicial: para dirimir la titularidad de las piezas (que reivindicaban Perú, Ecuador, Guatemala y México, entre otros) y también para señalar al deudor de la factura millonaria que se debía abonar al empresario por la custodia durante una década de semejante legado.

Fue entonces cuando se supo que muchos objetos (junto a los originales abundaban las falsificaciones) figuraban a nombre de otro enigmático personaje, Antón Roeckl, amigo de Patterson y coleccionista sin escrúpulos igual que él. En medio de esa maraña procesal de trámites y papeles, un buen día a principios de marzo de 2008, llegó un camión a Santiago con dos operarios extranjeros que decía cumplir los deseos de Patterson abonaron el albarán al almacenista, cargaron la mayor parte de las piezas y se las llevaron, sin que policía ni juez hicieran nada por impedirlo. Lo siguiente que se supo fue que las fuerzas de seguridad alemanas habían logrado inmovilizar el cargamento semanas después en la aduana de Munich. El fiscal responsable del caso, Antonio Roma, presentó denuncia en los juzgados de Santiago contra Patterson por “contrabando de arte” al “exportar ilícitamente” esas joyas de la arqueología. Y ordenó la repatriación de los contenedores.

Tras cinco años, el titular del Juzgado número dos de Santiago ha señalado el juicio para el 11 de diciembre en el que el ministerio público y la República de Ecuador (que se personó como acusación en el caso) imputan a Patterson un delito de contrabando. La denuncia solicita dos años de cárcel y una multa de 64 millones de euros. Pero la vista no se celebrará. La defensa del escurridizo Patterson alega que su estado de salud no le permite desplazarse a Santiago y someterse a juicio. La acusación cree que por una vez el eterno farsante dice la verdad.