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La consejera justifica los costes de los lodos con los que se saqueó Emarsa

La Sindicatura alertó de que las comisiones que fijaban los precios eran irregulares

La socialista Carmen Martínez, de espaldas, esgrime el informe de la Sindicatura de Comptes de 2004 ante Maritina Hernández.
La socialista Carmen Martínez, de espaldas, esgrime el informe de la Sindicatura de Comptes de 2004 ante Maritina Hernández.

Los costes que pagó la Generalitat a través de la Empresa Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) por el tratamiento de lodos en la depuradora de Pinedo durante los años en que se produjo el saqueo de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa), que la gestionaba, eran aceptables. La consejera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, Maritina Hernández, sostuvo este miércoles en una comisión de las Cortes Valencianas que los 42 euros por tonelada que se pagaron entre los años 2006 y 2010 eran inferiores a la media de 50 euros por tonelada que arrojaba el coste medio del tratamiento integral de lodos.

La afirmación de Hernández suscitó las críticas de la oposición, dado que la investigación judicial sobre el caso, en la que ya hay 40 imputados, ha revelado que el exgerente de la Epsar, José Juan Morenilla, y su exjefe de explotación, Ignacio Bernácer, se concertaron supuestamente con el expresidente de Emarsa, Enrique Crespo, y el que era gerente, Esteban Cuesta, para establecer unos precios muy superiores al coste real y repartirse los beneficios ilícitos de ese margen y del pago de servicios ficticios.

La diputada socialista Carmen Martínez se declaró asombrada de que la consejera considere adecuado el precio cuando la concesionaria que explota hoy en día las instalaciones de Pinedo cobra el tratamiento a 18 euros por tonelada. “De esos 42 euros mucha gente se ha hecho rica”, señaló. Martínez denunció que en 84 de las 460 estaciones depuradoras que gestiona la Epsar se paga el tratamiento de lodos “por encima del precio de Pinedo en la época del expolio”. Hernández, que acusó a la oposición de “desconocimiento”, explicó que la disparidad de precios obedece a “la diversidad de depuradoras”, muchas de ellas de pequeño tamaño, ubicadas en lugares de peor acceso que otras o que no disponen de tolvas para almacenar los fangos.

La consejera calificó de “situaciones muy lamentables y muy desgraciadas”, las imputaciones a antiguos responsables de la depuración de aguas, pero insistió en que “no hay ni una sombra de duda” sobre la Epsar. “No sería justo para sus 20 años de gestión”, añadió, tras asegurar que la Comunidad Valenciana es una de las más avanzadas en tratamiento y reutilización de aguas. Hernández recordó también que la fiscalía decidió desestimar una denuncia de los socialistas que consideraban que el sistema de corrupción empleado en Emarsa pudo extenderse al conjunto de las depuradoras competencia del Consell, basándose en las relaciones entre gestores, algunos imputados, y responsables de las empresas adjudicatarias de los servicios de control.

Una de las irregularidades que hizo posible el fraude en Emarsa fue que en las comisiones de seguimiento de los convenios con la Epsar no estaban presentes los técnicos que era preceptivo. La socialista Martínez esgrimió el informe de la Sindicatura de Comptes del año 2004, en el que ya se alertaba de que las comisiones de seguimiento “no se encontraban adecuadamente constituidas” en los convenios de la mayoría de depuradoras, pese a que “las cuotas a aplicar en cada ejercicio al volumen de agua tratada y a los parámetros de depuración obtenidos se determinan en dichas comisiones”.

Esther López Barceló, de Esquerra Unida, se refirió a los escándalos de corrupción que envuelven al PP, dijo que se cerró en falso en su día la comisión de investigación de Emarsa y citó algunos aspectos señalados por la auditoría de la Epsar de 2011, como el gasto de 21.000 euros en taxis. “Lo que ocurre aquí en pocas comunidades autónomas sucede”, exclamó. Por su parte, Josep Maria Pañella, de Compromís, como habían hecho las otras dos diputadas, criticó la importante subida del canon de saneamiento que pagan los ciudadanos “para cubrir el agujero que han dejado unos ladrones”.