El juez del caso de los ERE prorroga el secreto del sumario durante un mes más

El juez sustituto del caso de los ERE, Iván Escalera, prorrogó ayer un mes más el secreto de sumario de la causa dictado el pasado 6 de noviembre para proteger esta compleja investigación. El objetivo del “secreto total de las actuaciones” es indagar sobre personas no imputadas aún en el caso y la presunta comisión de delitos de asociación ilícita, cohecho y blanqueo de capitales.

“El primer mes de secreto puede ser más o menos relevante, pero la prórroga tiene que ser algo muy muy gordo”, resumieron de manera gráfica fuentes del caso. La frase denota que la investigación del caso de los ERE debe haber descubierto un maná muy jugoso y cuyas raíces no han trascendido por ahora. El auto del 6 de noviembre explicaba así la duración del secreto, ampliado ayer: “Por el tiempo imprescindible y plazo no superior a un mes”.

El caso de los ERE no había estado bajo secreto hasta hace un mes desde que se inició en enero de 2011. Mientras la Guardia Civil prosigue su investigación, Escalera ha sustituido los tres últimos meses a la juez titular del juzgado, Mercedes Alaya, de baja por enfermedad. En los últimos meses las decisiones judiciales se han limitado a rebajar las fianzas de los principales imputados hasta permitir que todos salieran en libertad, incluido el ex director general de Trabajo Javier Guerrero.

La decisión judicial de ayer impide a todos los imputados y sus respectivos abogados conocer las pesquisas policiales durante un tiempo determinado, ya que si esta se prolongara excesivamente dañaría su derecho de defensa. Los cargos de asociación ilícita y blanqueo apuntan al desvío de capitales a través de estructuras financieras y con la participación de al menos un grupo de tres personas.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se reunieron ayer por la mañana con el magistrado y los fiscales de la Fiscalía Anticorrupción, y tras el encuentro el juez decidió continuar con el sigilo impuesto a las diligencias.

La UCO había pedido al instructor que decretase el secreto sumarial de las actuaciones, una petición que aceptó el juez para “las investigaciones sobre personas físicas y jurídicas no imputadas pero sí relacionadas con actividades de los imputados, que entiende deben ser esclarecidas en las diligencias que se interesan”, subrayaba en su auto del pasado 6 de noviembre.

En dicho auto el instructor matizaba que el “secreto natural” del caso (casi inexistente dada la trascendencia mediática de las actuaciones) “queda desvirtuado y hacen necesario decretar el secreto total”. La razón era que si los imputados conocieran parte de los nuevos delitos “podrían llevar a parte interesada a la manipulación, pérdida o destrucción, de indicios o fuentes de prueba, anulando así la acción policial y judicial”. La única parte que queda al margen del secreto y por tanto estará al tanto de todas las pesquisas es la Fiscalía Anticorrupción.