Los barrios preparan movilizaciones contra el IVIMA

“En los dos últimos años se ha producido un deterioro de la gestión del IVIMA y se han cerrado los escasos canales de comunicación efectivos que manteníamos. El actual gerente, Juan Van-Halen, nos ha dado buenas palabras, pero no se han concretado en nada. Los problemas se enquistan y cronifican y pueden llevar a una situación explosiva en los próximos meses”, indica Vicente Pérez Quintana, responsable de Vivienda de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM).

La FRAVM denuncia situaciones graves que llevan a plantearse iniciar movilizaciones a mediados de enero. Destacan las ocupaciones mafiosas de pisos y garajes. Hay centenares de viviendas vacías del IVIMA, tanto del parque antiguo como en promociones nuevas, que son ocupadas para realquilarlas ilegalmente, lo que se traduce en graves problemas de convivencia y, en algunos casos, de tráfico de drogas, como sucede en Palomeras (Puente de Vallecas) y Altos de San Isidro (Carabanchel).

Ese es el caso también de algunos de los centenares de garajes que llevan más de dos décadas sin entregarse y se emplean como vivienda transitoria hasta que ocupan los pisos. Otros acumulan chatarra y basura o sirven para el tráfico de drogas.

Un vecino del Alto de San Isidro, una colonia del IVIMA en Carabanchel, contabiliza 80 pisos ocupados y denuncia que se ha convertido en una zona de guerra en la que llegan a robar las motos a la Policía. Saben que son dos familias las que gestionan la ocupación de viviendas con chabolistas de dentro y fuera de Madrid.

En varias comunidades de vecinos de Fuencarral debe 50.000 euros

Otra de las quejas es que el IVIMA no afronta los gastos de mantenimiento de los edificios, colonias y urbanizaciones con lo que hay problemas de humedades, grietas, atascos en cañerías y muros deteriorados. Y también el abandono de zonas comunes.

La morosidad se extiende también al pago de los gastos de comunidad de locales, pisos y garajes, según la FRAVM, que indica que la deuda con varias comunidades de vecinos del distrito de Fuencarral alcanza los 50.000 euros. “Deudas que han de cubrir los vecinos y pueden llevar al corte de suministros, pero a su vez el IVIMA es capaz de desahuciar a algunas familias”, indica Pérez Quintana.

Cuando la morosidad se refiere a la rehabilitación, las quejas se hacen extensivas al gobierno regional: “Hay vecinos con una renta muy baja que han tenido que endeudarse para pagar obras por las que no han sido resarcidos a pesar de que las ayudas estaban aprobadas y el Ministerio había librado el dinero correspondiente”, denuncia Pérez Quintana. En La Viña de Entrevías los vecinos de una treintena de bloques llevan años sin cobrar tales ayudas, al igual que en Palomeras o en la Colonia de San Agustín (Puente de Vallecas). También hay comunidades en las que se ha instalado el ascensor y no han cobrado las ayudas, que han bajado de 50.000 a 15.000 euros.

Mariano Monjas, de la Asociación de Los Pinos de San Agustín (Puente de Vallecas), añade: “Hay familias con 500 euros de pensión que han tenido que pedir créditos para pagar unas obras autorizadas que ahora nos dicen en la calle de Maudes (sede de la Dirección General de Vivienda) que no nos van a pagar. Y nos estamos planteando ir a los tribunales”.

Según la FRAVM la Comunidad no paga

Entre las protestas, también la del retraso en las remodelaciones de barrios como la Uva de Hortaleza, que empezó en 1993 y “a fecha de hoy todavía falta por realojar a 436 familias e iniciar la remodelación de otras 400”, según Pérez Quintana.

La impresión que tiene el movimiento vecinal es que la privatización del mantenimiento, venta de los pisos y la atención a los vecinos y la falta de comunicación responde a la intención de desmantelarlo y con él la política de vivienda protegida regional.

Desde la FRAVM lamentan que haya dejado de prestar asistencia el servicio de seguimiento familiar del IVIMA, que favorece la convivencia vecinal. Fuentes de la Comunidad de Madrid aclaran que preparan la convocatoria del concurso público para restablecerlo. Respecto a las quejas, anotan que el instituto “gestiona un parque de 23.000 viviendas y con las restricciones presupuestarias hay que buscar un equilibrio”. En paralelo está vendiendo a los inquilinos 9.555 pisos. Las mismas fuentes contabilizan una decena de reuniones de técnicos del instituto con la FRAVM a lo largo de este año. En cuanto a la ocupación de los pisos, sostienen que hay vigilancia que avisa a la Policía y lo comunica al área de inspección de la vivienda. “Precisamente, las 1.000 viviendas que, inicialmente, vamos a destinar a familias desahuciadas son recuperadas de ocupaciones”.

Por lo que se refiere a los gastos de comunidad, la versión del IVIMA es otra: una vez la comunidad de vecinos notifica el gasto, puede producirse un desfase de 90 días de media hasta que libran el dinero necesario. Por otra parte, dicen, se están haciendo cargo de los pagos de vecinos morosos.

En cuanto a inmuebles sin adjudicar, sostienen que hay plazas de garaje cerradas por estar fuera de normativa, pero que adecuarlas requiere una inversión que no pueden afrontar y que algunos están tapiados a petición de los vecinos para evitar el vandalismo.