Los rectores exigen medidas para compensar la caída de la matrícula

Dada la época del año en que estamos, con el cierre de ejercicio encima, parecía probable que los rectores de las universidades públicas se mostraran reivindicativos respecto a la deuda pendiente de la Generalitat, tanto anual como histórica, con las universidades, pero no fue así. Seguramente por el proceso de negociación en curso con la Consejería de Educación, cuya titular, María José Català, asistió ayer lunes a la mesa redonda que organizó la Sociedad Económica de Amigos del País en torno al futuro del sistema público universitario.

 La suficiencia económica, fue, no obstante, el tema central. Y entraron en un asunto de fondo: un cambio de modelo de financiación en curso, más orientado al modelo anglosajón, pero muy distorsionado. Se trata de una reforma que supone una importante disminución de los recursos aportados a las universidades vía subvención pública. En palabras de Juan Juliá, rector de la Universidad Politécnica, se trata de “trasvasar aportaciones públicas a privadas”, centrándola casi exclusivamente en elevar los precios públicos, o sea, transfiriendo financiación de la educación superior a las familias que pagan las tasas. De esa manera, se intentaría mantener mínimamente los compromisos de los planes plurianuales de financiación de las universidades públicas.

Pero no ha sido posible al haber (ya lo avisamos, vino a decir Juliá) un retroceso en los créditos matriculados. Por lo tanto, no tiene “el efecto de compensación financiera estimado” y se suma a los problemas acuciantes de liquidez que aquejan a las universidades valencianas, con meses de pagos pendientes y una deuda histórica que la Generalitat se había comprometido a enjugar a partir de 2013.

El impacto perturbador en la equidad social de esta medida preocupa a los rectores, no sólo la disminución de ingresos. Y es que esa transición hacia un modelo de corte más anglosajón no se parece, ni por asomo, a éste, porque mientras en el Reino Unido el 70% de los alumnos estudia con becas, en España lo hace un 30%. Más aún, mientras España destina todavía el 0,08% del PIB a becas, la media de la OCDE es del 0,24%, es decir, cuatro veces superior. “Por tanto, nuestra revisión de financiación, debe ligarse a la revisión de la política de becas”, defienden los rectores.

Y no sólo la política de becas debe revisarse hacia una mayor generosidad. También deben compensarse esas diferencias de ingresos respecto a las previsiones hechas. Tal diferencia supone entre un 5% y un 10% menos de créditos matriculados con respecto al curso anterior en el conjunto universitario público valenciano.

El rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo, certificó la existencia de “un mayor grado de devolución desde el banco de las matrículas”, de manera que por primera vez, se han tenido que arbitrar “mecanismos para volver a enviar” los recibos impagados.

Morcillo destacó, por otro lado, la confianza de la sociedad en las universidades, que “deben ser parte de la solución” en el crítico momento actual. El rector de Alicante y portavoz de la conferencia valenciana de rectores, Manuel Palomar, destacó la “incongruencia del discurso político” que aboga por una sociedad basada en el conocimiento y rebaja a la vez un 80% la investigación no financiable de los presupuestos de 2013, lo que producirá un “deterioro” en el sistema público de I+D+i.

El rector de la Jaume I, Vicent Climent, se ocupó de las relaciones entre la universidad y la empresa y el de la Miguel Hernández, Jesús Tadeo, se ocupó de la universidad “ante el deterioro de las enseñanzas primaria y secundaria”.