Los ajustes ponen al colectivo de la discapacidad al borde del abismo

El Día Internacional de la Discapacidad se convirtió ayer en un nuevo grito de desesperación de un colectivo que ha visto como los recortes del Gobierno central y autonómico lo han puesto al borde del abismo.

“Estamos a un paso de que la discapacidad sea zona catastrófica si nadie lo remedia”, explicó Carlos Laguna, vicepresidente del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de la Comunidad Valenciana. Esta organización, que aglutina a 14 asociaciones, convocó ayer una manifestación en Valencia a la que acudieron centenares de personas para exigir a la Generalitat el pago de los más de 50 millones que adeuda a los trabajadores del sector y, de esta forma, “salir del abismo” sobre el que se asoman 400.000 personas en la Comunidad Valenciana.

“Where is our money?”, se preguntaban, en inglés, los trabajadores del centro de oficios de discapacitados Snaider, en Valencia. “Trabajamos para Alemania, y también queremos que nos oigan y nos entiendan”, decía uno de los chicos que portaba la pancarta. Como él, centenares de discapacitados salieron ayer a las calles de Valencia a celebrar un día Internacional. Un colectivo que se siente “olvidado y excluido” por los gobernantes y los recortes presupuestarios. “Dicen que no somos nadie, pero representamos al 10%”, razonó Lina Soler. “Les hemos ofrecido diálogo y paciencia”, apuntó Laguna, “y solo hemos recibido sistemáticos incumplimientos”.

El consejero de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, explicó en Castellón que piensa reunirse con las asociaciones de discapacitados para abordar un plan de pagos de la deuda pendiente con el sector, pero evitó garantizar que cobren antes de concluir el año. “Hasta ahora no podíamos hablar de plan de pagos porque no teníamos liquidez”, dijo el consejero, que no adelantó cuál será su plan y se limitó a señalar que su objetivo es abrir el diálogo con las asociaciones y “acabar con la situación de incertidumbre”. “No hay límites de derechos, sí dificultades de pago”, aseguró el consejero de Justicia y Bienestar Social.

Cabre anuncia que se reunirá con el colectivo para fijar un plan de pagos

Unas dificultades que el sindicato UGT cifró en una deuda cercana a los 100 millones de euros —el doble de lo que reclama el Cermi—, que se traduce en la falta de aplicación de políticas activas de empleo para este colectivo. “No solo se entorpece el autoempleo, sino que, con la reforma laboral, se retorna a mecanismos de dudosa eficacia que cronifican a estos trabajadores en situación de desigualdad”, indicó UGT.

El secretario general del PSPV, Ximo Puig, reclamó una mayor política social y criticó el retroceso de las conquistas logradas.

En Valencia, la marcha en protesta por la situación de la discapacidad partió desde la plaza del Temple y finalizó, entre acordes de Extremoduro, en la plaza de la Virgen con gritos de “¡Sí se puede!” o “¡Queremos que paguen!”.

“Derechos sí, deudas no”, mostraban algunas pancartas. “Si a los centros no se les paga nos veremos en nuestras casas”, decía una sábana sujetada milagrosamente entre varias sillas de ruedas. “Hay despidos”, explicó Álex, “solo quedamos algunos contratados, y gracias”. “Que se acabe el recorte. Que nos den el dinero y las ayudas prometidas”, añadieron sus compañeros Carmen y Paco. La protesta de Valencia, simultánea a las convocadas en otras ciudades como Sevilla y Bilbao, contó con el apoyo de la asociación de vecinos Cave-Cova y la Agrupación Empresarial Valenciana de Centros Especiales de Empleo.

El Consell redujo partidas sociales para atender a los dependientes

En este clima de malestar social, el Consell publicó ayer distintas modificaciones presupuestarias aprobadas durante los meses de octubre y noviembre.

Estos cambios en las cuentas revelan la asfixia financiera de la Generalitat, que disminuyó partidas como la destinada a la renta garantizada de ciudadanía en cinco millones, o los programas de erradicación de la pobreza e inserción del pueblo gitano en cuatro millones de euros, para atender las necesidades más perentorias del programa de atención a la dependencia o el turno de oficio.

En la reordenación de los recursos, aprobada por el Consell, también se detraen 2,5 millones del plan de la vivienda, 53,5 millones del convenio con Ferrocarrils de la Generalitat para amortizar la deuda, 700.000 euros del bono infantil para la escolarización en centros privados y 106.000 euros de ayudas individuales para la formación del profesorado no universitario.

Los cambios de partida aprobados permitieron destinar alrededor de 17 millones adicionales para pagar prestaciones a personas dependientes y abonar parte de la deuda a abogados y procuradores del turno de oficio.