El fiscal atribuye al alcalde de Sabadell una decena de prácticas irregulares

Más de seis horas delante de un juez y del fiscal anticorrupción dan para mucho. El alcalde de Sabadell, el socialista Manuel Bustos, declaró el domingo como imputado por su presunta implicación en la trama de corrupción urbanística con epicentro en el municipio. Bustos abandonó el edificio con la misma sonrisa con la que había entrado, agradecido a los irreductibles —militantes socialistas, cargos de confianza, empleados del ayuntamiento...— que le esperaron a la intemperie hasta las 2.20. “Mañana hay que trabajar”, bromeó.

Antes, en un extenso interrogatorio, el alcalde tuvo que dar cuenta de algunos de los proyectos que están bajo sospecha en la operación Mercurio. La fiscalía trató de averiguar la implicación del alcalde en una red que, supuestamente, exigía a empresarios el pago de comisiones a cambio de adjudicaciones y otros favores. El alcalde de Sabadell y presidente de la Federación de Municipios de Cataluña escuchó decenas de conversaciones telefónicas con sus subordinados y su tío, el constructor Melquíades Garrido. En el interrogatorio, el fiscal confrontó los hallazgos de su investigación con Bustos, al que mantiene imputado por malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, delito contra la administración pública y omisión del deber de perseguir delitos. Estos son los asuntos que se trataron:

La inversión en Audi. La Fiscalía Anticorrupción sospecha que Bustos trató de favorecer a su tío, el constructor Melquíades Garrido. Para ello, habría tratado que se instalaran en la ciudad unas instalaciones de la marca de coches Audi. “Así haré una nave”, le dice Garrido a su sobrino en una de las llamadas. Bustos relató que trató de atraer el proyecto para crear riqueza y trabajo en la ciudad. “Yo hablo con los bancos”, dijo. Garrido, sin embargo, frenó sus aspiraciones al anunciarle que ni Audi ni el Banc de Sabadell estaban dispuestos a acometer una inversión que ronda los ocho millones. El proyecto nunca se llevó a cabo.

La urbanización millonaria. Los accesos a ese mismo polígono, el Parc Vallès —donde hoy se inaugura la tienda Ikea más grande de España— también está bajo sospecha. El alcalde aclaró, no obstante, que se trata de terrenos de titularidad privada, según fuentes de su entorno. Aunque admitió que trató de que las obras fueran adjudicadas a constructores de Sabadell. El gremio local está dirigido por su tío, a quien el jefe de Urbanismo comentó la necesidad de mantener reuniones “discretas” a tal fin. Bustos justificó que debía ser así para no levantar falsas expectativas. La empresa promotora no contó, finalmente, con los empresarios locales.

Ayuda a refugiados. Uno de los cuatro delitos que se atribuye a Bustos (malversación de fondos públicos) procede de un proyecto financiado por la Federación Catalana de Municipios (FMC), que él mismo preside. El ente municipalista pagó 24.000 euros al proyecto de una fundación de ayuda al refugiado. El fiscal sospecha que el edil trató de “dar trabajo" a una mujer ecuatoriana y que el proyecto no tenía base. En una llamada, Bustos pide a un responsable de la federación “renovar” el programa. Este le advierte de que, el año anterior, prácticamente tuvieron que “inventar” el proyecto. Ante el juez, Bustos aclaró que tuvieron que dar forma a las iniciativas que propuso la activista, negó las acusaciones y subrayó que el programa se ejecutó.

Basuras y cementerios. Bustos defendió la legalidad de la concesión del servicio de limpieza de la ciudad a la empresa Smatsa. La fiscalía sostiene que se "forzó" el pliego de condiciones, que en junio prorrogó el contrato con Smatsa por 15 años y un importe de 18,5 millones. Aunque no fue preguntado por el asunto, el fiscal también investiga la cesión del cementerio municipal a una funeraria a cambio del compromiso de acometer obras por 8,7 millones. El intermediario de la trama, el exconcejal del PP Jordi Soriano, “recomendó” a la funeraria que contratara a una empresa.

Dietas y pagos. El fiscal preguntó a Bustos por la percepción, presuntamente irregular, de unas dietas a través de la federación. El alcalde admitió que, solo en una ocasión, cargó con cuenta al ente municipalista una noche en un hotel de lujo de Madrid. En otro asunto, el alcalde pide a su hermano, el también imputado Francisco Bustos, 1.500 euros “para el juez”. El alcalde dijo que su hermano le dio ese dinero de su bolsillo para mantener una serie de atenciones con un juez de Sabadell.

Visita a la alcaldesa. Bustos admitió que envió a su hermano a hablar con la alcaldesa de Montcada, María Elena Pérez, que había rechazado contratar a un cargo de confianza que había recomendado el número dos del PSC, Daniel Fernàndez. Bustos lo hizo, dijo, “indignado” porque la alcaldesa estaba “colapsada” y había rechazado a la candidata por no superar el test psicotécnico. El fiscal sospecha que el concurso se amañó.

Atento a la mezquita. La madre de Bustos le informó del rumor que circulaba por su barrio sobre la apertura de una nueva mezquita. El alcalde llamó a su concejal de Urbanismo, Joan Manau: “Ve y míratelo bien, ya me entiendes”. La fiscalía sospecha que Bustos quiso favorecer sus intereses particulares ante la posible petición de una licencia para abrir un oratorio musulmán junto a la vivienda de su madre. Al final, nadie pidió ninguna licencia. Bustos defendió que solo se interesó por un asunto importante para la ciudad.

Asedio a las discotecas. En una llamada, un empresario del ocio nocturno denuncia que el ayuntamiento le acosa a base de sanciones. Bustos explicó ante el juez que el pleno acordó desplazar las discotecas de la Zona Hermètica para evitar molestias a los vecinos. Por ese motivo, admitió, eran severos al aplicar sanciones en la zona.

“Esto tiene delito”. Fue la expresión que el alcalde empleó al observar un comportamiento fiscal anómalo en un responsable de la Compañía de Aguas de Sabadell que también está imputado. Algo similar dijo sobre un documento que guardaba en su despacho con las subvenciones concedidas por la Diputación de Barcelona a asociaciones locales. La fiscalía sospecha que, pese a apreciar las irregularidades, no hizo nada por evitarlas.

Sospechas previas. El fiscal preguntó al alcalde si conocía que Soriano pedía comisiones a empresarios en nombre del Ayuntamiento. Bustos dijo que no. Pero añadió que tuvo “ligeras sospechas” de que alguien lo hubiera hecho tiempo atrás. Tras la denuncia de un empresario, Bustos abrió una investigación que no dio resultados.