Una Administración al límite

Las costuras de la Administración están empezando a ceder. La creciente necesidad social de recursos para hacer frente a gastos vitales, muchas veces de forma inmediata, está provocando un desfase entre la legalidad y la necesidad, entre los plazos legales fijados para resolver las reclamaciones ante el sector público y las necesidades vitales de los ciudadanos más golpeados por la crisis.

El periodo de entre dos y tres meses de que disponen las Administraciones para resolver esas reclamaciones representan una eternidad cuando se trata de hacer frente al hambre en determinadas situaciones de familias con hijos o de mujeres maltratadas sin ingresos, o incluso para resolver un alquiler, o a una cuota bancaria.

En la actual coyuntura de descenso de ingresos, elevada tasa de paro y de aumento, casi mensual, de perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), las quejas y consultas formuladas por los ciudadanos al Defensor del Pueblo vasco, Ararteko, han pasado de las 78 de 2010 a las 728 hasta octubre de este año. “Esa progresión nos está diciendo que tenemos un grave problema”, aseguran desde la oficina del Ararteko. La Administración empieza a estar al límite de su capacidad y tiene cada vez mayores dificultades para responder adecuadamente a todos los problemas sociales que está generando el crac económico.

En el caso de la RGI, a las brutales consecuencias humanas del hundimiento de la actividad, se suma el cambio del modelo público de prestaciones, que puede estar generando más confusión en los demandantes.

Hasta octubre pasado se recibieron 728 quejas, frente a las 78 en todo 2010

De un modelo de asistencia a través de las Diputaciones se ha pasado al actual de Lanbide, que canaliza en la misma ventanilla del Ejecutivo las demandas sociales y la orientación y apoyo necesario para el reingreso en el mercado de trabajo.

En Euskadi, el número de perceptores de RGI está en torno a las 60.000 personas, —58.954 en octubre, con un gasto ese mes de 29,9 millones de euros—, lo que lleva el desembolso total por ese concepto y otras ayudas en 2012 a los 400 millones. Solo esas cifras representan el 40% de todas las ayudas que se dan en España. En octubre se ha frenado el crecimiento de perceptores, de tal modo que de los 55.540 de enero se pasó a los 59.888 de septiembre, el máximo alcanzado en toda la serie histórica.

La casuística, además, se está ampliando mucho y los perfiles de los demandantes de la RGI han evolucionado de personas en el límite de la exclusión social a trabajadores de las clases medias que no logran un empleo.

Miles de personas que disponían de ingresos y capacidad de gasto hasta 2009 se han incorporado casi en masa al sistema y el Gobierno tiene que dotar presupuestariamente esa demanda por estar legislado como un derecho subjetivo.

Esa presión social y las nuevas necesidades están acentuando los problemas de la Administración hasta el punto de que ya no sirve que los funcionarios resuelvan los expedientes en el plazo legal de dos o tres meses, porque “hay muchas personas que lo necesitan hoy mismo”. Esos sectores sociales que están resultando extremadamente afectados por la crisis demandan soluciones inmediatas que el gestor no puede satisfacer al instante.

Un ejemplo. Hace dos años llegaba a la puerta una mujer maltratada con hijos, que se había quedado sin ingresos porque su pareja había dejado de aportarle fondos y no disponía de dinero para cubrir sus necesidades básicas. En ese supuesto se buscaban soluciones prácticamente de forma inmediata. Ese caso que tan solo hace 18 meses hubiera provocado que saltaran las alarmas, ahora es uno más entre las decenas de situaciones dramáticas que se suceden casi a diario. El sistema empieza a estar exhausto.

“La gran pregunta es si esto tiene que ser irremediablemente de esta manera”, se preguntan de forma machacona en varias asociaciones de servicios sociales. Y la respuesta oficial es: “Ningún caso de extrema gravedad se supedita a los plazos máximos o se deja desatendido si requiere de una atención inmediata”, pero oficiosamente se deja caer que “ninguna Administración regula mecanismos para hacer frente a un aluvión de problemas como el que está sucediendo ahora”.

“El Parlamento ya advirtió en su día, cuando reguló la RGI, que no era una ayuda para excluidos, sino para cualquier ciudadano con problemas”, indican desde Asuntos Sociales, “y es ahora, en la peor fase de la crisis, cuando eso se está viendo con más nitidez”.

Estas fuentes reconocen que ninguna Administración, empresa o familia está preparada para afrontar la crudeza de una crisis que está destruyendo los recursos de miles de personas. “Euskadi está aguantando mejor y con una base social más atendida, pero es cierto que si te toca esperar dos meses con tu problema puede ser complicado”.