Corralito sin fin en L’Aldea

El día 1 de diciembre de 2011, Jordi Gas, vecino de L'Aldea (Baix Ebre), acudió a primera hora a la sección de crédito de la cooperativa agrícola local. Necesitaba extraer unos mil euros de la cuenta de su empresa para liquidar facturas pendientes. Sin embargo, Gas, que se dedica a la ingeniería, no pudo acceder a su dinero. Lo mismo les ocurrió al resto de clientes de la sección de crédito que se acercaron ese día a la oficina.

En solo unas horas un rumor se extendió por el municipio, de 4.300 habitantes: los 1.190 titulares de depósitos de la cooperativa local estaban bloqueados y la mayoría de vecinos se había quedado solo con los pocos euros que guardaban en su cartera. Ya ha transcurrido un año, pero la sombra alargada del corralito sigue instalada en L'Aldea. “Tengo miles de euros congelados”, explica Gas. Los afectados exigen responsabilidades al ex gerente, a la antigua junta rectora, a Bankia y a la Generalitat.

La entidad se encuentra en pleno concurso de acreedores, tiene una deuda de siete millones de euros y siguen bloqueados 4,7 millones depositados entre 250 y 300 cuentas. Son los ahorros conseguidos durante toda una vida dedicada a la agricultura o las ganancias de pequeños contratistas, empresarios e industriales. No hay fecha para la recuperación de su dinero. Ellos son muy pesimistas. Entre las irregularidades detectadas en la gestión de la cooperativa se encuentran facturas falsificadas, hipotecas arriesgadas y activos financieros pignorados para pagar inversiones, como los dos millones gastados en hacer reformas en su sistema de riego.

Tras la debacle, la nueva presidenta de la cooperativa, Montse Llosa, está decidida a llevar adelante la histórica entidad con la producción de verduras y hortalizas y reduciendo costes. El problema es que por el momento el negocio no es rentable.

La entidad se encuentra en pleno concurso de acreedores

Llosa asegura que lo primordial es animar a los payeses a que lleven a la cooperativa su cosecha, además de buscar clientes. En 2011 la entidad registró 1,5 millones de pérdidas. Hace unas semanas acudieron a las instalaciones los responsables de una empresa que suministra a las bases del ejército norteamericano. “No hay acuerdo, fue una primera toma de contacto”, matiza la presidenta de la cooperativa. El ex gerente, a quien acusan del desfalco en las cuentas y contra quien se ha iniciado un proceso judicial, impugnó el informe del administrador concursal. Llosa prevé presentar el plan de viabilidad el próximo año y en poco más de un mes se debería redactar el convenio. En él habría que acordar las quitas, es decir, pactar con los acreedores las reducciones de la deuda. Pese al optimismo de la presidenta de la cooperativa, la mayoría de afectados se sienten ninguneados y olvidados. Además, están divididos. Por un lado, los afectados de mayor edad conservan una pizca de ilusión al ver que la cooperativa sigue abierta, mientras que los más jóvenes, viendo peligrar su dinero, piden que se clausure.

“Mantienen la cooperativa abierta para tenernos callados y entretenidos, pero en su intento de reflotarla peligra mi patrimonio, no puedo permitir que una nueva junta juegue con él, tengo mucho dinero allí y si no me lo devuelven no puedo contratar abogados para defenderme”, explica Ramon Albesa, de 40 años.

Albesa, propietario de una granja de pollos, apuesta por la liquidación. “La entidad ha quebrado, tiene que ser liquidada, pero no se deciden por ello porque tienen miedo del titular de la prensa. A la Generalitat le interesa que no hagamos ruido”, sentencia.

Otro de los afectados, el empresario Javier García, quien incluso realizó una huelga de hambre de 15 días, remarca que Llosa es ex dirigente de Unió de Pagesos y ex concejal de CiU. “La junta es de CiU, han entrado para lavarle la cara a la Generalitat, el 90% de la junta no está afectada”, dice García, quien especifica que tiene “miles y miles de euros congelados”. Tenía la cuenta de su empresa y sus finanzas depositadas en la sección de crédito de L’Aldea. Este empresario, que realizó las instalaciones de riego de la entidad, ha perdido la esperanza de cobrar. “Están regando con mi dinero, esto es un funeral y cuanto antes se entierre el muerto antes dejaremos de sufrir”, sentencia García. Gas, al frente de un grupo de afectados, anuncia que contratarán a un abogado para personarse en el procedimiento mercantil.

A su vez, la presidenta de la cooperativa cree que los afectados podrán recuperar su dinero después de realizar la quita, pero en un plazo de “15 o 20 años”. Esta perspectiva intranquiliza todavía más a los socios. “Los que tienen entre 65 y 70 ya no verán un duro de sus ahorros, se me revuelve el estómago. La Generalitat debe ayudarnos, ¿por qué no nos salvan también a nosotros?”, se pregunta García. Mientras tanto, el corralito parece no tener fin en L’Aldea.