Contra la impunidad

Como es bien sabido y padecido, el País Valenciano ha venido siendo hasta fechas muy recientes un generoso proveedor de escándalos político-económicos que han merecido amplias coberturas mediáticas, ya fuera por la audacia del desmán, el desparpajo de los protagonistas, la cuantía de la rapiña o la concurrencia de todas estas circunstancias. Recuérdense los afamados casos Brugal, Gürtel, Urdangarin, Emarsa, Cooperación y Carlos Fabra, el decano de todos ellos, así como otros muy numerosos de menor relieve publicitario urdidos en torno al urbanismo y las complicidades municipales. Tanta bulla ilegal y a menudo desvergonzada ha acabado convirtiéndonos —digo de la Comunidad— en un emporio de implicados que esperan su lugar en el banquillo y una sentencia que se demora con gravosas consecuencias para el saneamiento de la vida pública y del malversado prestigio de la política.

No vamos a demorarnos en considerar la lentitud congénita de la justicia, que por lo general responde a causas razonables, como son la naturaleza compleja y delicada de su función, así como la eventual escasez de medios materiales y personales. Aunque, evidentemente, no siempre es así. En ocasiones —pocas— su eficiencia resulta sorprendente mientras que en otras —las más— se ralentiza hasta extremos indignantes o punibles, como si desde alguna instancia se arbitrase su celeridad o modorra. Pensemos en la desmedida morosidad que marca los procesos en que anda enredado quien fuera presidente de la Diputación de Castellón. Pasan los años y por las causas que le atañen desfilan jueces y fiscales sin que se produzca el obligado fallo, lo que no deja de ser motivo de rechifla y descrédito de los juzgadores y de la misma justicia.

Algo semejante, aunque no tan exagerado, acontece con esa numerosa tropa de justiciables implicados en los referidos y aludidos casos de corrupción. Es asombroso que después del tiempo transcurrido y los presuntos delitos divulgados, incluso con pelos y señales, solo un individuo aparentemente secundario —decimos de Augusto César Tauroni— haya pisado o permanezca en el trullo. Un juez con quinquenios de oficio opinaba que la pausada o cachazuda acción judicial se debía en buena parte a la deficiente investigación de la policía, una laguna especialmente relevante —decía— en un régimen legal tan garantista como el vigente, donde la acusación, además de bien atada, ha de observar minuciosamente los requisitos procesales para que el procesado no se escurra por las fisuras del procedimiento. Hay letrados que son verdaderos artistas en el aprovechamiento de tales formalidades.

Un criterio que contrasta con el del dirigente del Sindicato Unificado de Policía José Manuel Sánchez Fornet, para quien la justicia, sumariamente dicho, se frena cuando tiene que investigar a los políticos. Se frena o en ocasiones se derrite, añadimos, como se ha podido constatar en algunos episodios judiciales valencianos sombreados por la prevaricación e incluso la complacencia de algunos miembros del jurado. Lo bien cierto es que, en punto a la corrupción que ha prosperado por estos pagos, tanto el trabajo de la policía como el de la justicia, ha sido manifiestamente mejorable, por describirlo sin la menor insidia. Si a ello le añadimos la laxitud, ineptitud o complicidad del PP gobernante se comprende el clima de impunidad que en el marco de esta autonomía ha favorecido a tanto sinvergüenza.