El intermediario pensionista

El dios romano Mercurio era un todoterreno: protector de los ladrones, benefactor del comercio y mensajero de los dioses. Esa última ocupación es la que le relaciona, milenios más tarde, con el exconcejal del PP en Sabadell Jordi Soriano. O así, al menos, lo han querido los investigadores que han bautizado un caso de presunta corrupción urbanística con el nombre de un dios de la antigua roma. La llamada operación Mercurio alude a ese papel de mensajero o intermediario que la fiscalía y los Mossos atribuyen a Soriano.

Su papel en la trama —como puente entre empresarios y políticos— es central, conceden fuentes de la investigación. Buena prueba de ello es que ayer estaba previsto que fuera el último de los 12 detenidos en la trama que prestara declaración en sede judicial. El juez decidió que declarasen en primer lugar aquellos que, supuestamente, tenían menor implicación en la trama para dar paso, después, a los protagonistas.

El presunto intermediario ha optado por guardar silencio. Soriano, que fue expulsado del partido el año pasado por su apoyo al alcalde socialista, Manuel Bustos, se ha negado a declarar ante los Mossos d’Esquadra durante tres días que ha permanecido detenido en la comisaría de Cerdanyola. Antes del cierre de esta edición aún no había llegado su turno de desfilar ante el juez. Pero estaba previsto que, llegado el momento, se acogiese a su derecho a no declarar, un elemento que el juez puede valorar para enviarle a prisión o dejarle en libertad.

Soriano ejercía, según fuentes de la investigación, de intermediario entre los empresarios —que, supuestamente, pagaban comisiones— y los responsables políticos —que, también presuntamente, exigían esas comisiones y las cobraban. Está imputado por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y denuncia falsa.

El pasado martes, los Mossos registraron la casa de Fernández y una segunda residencia que posee en un pueblo de la comarca de la Cerdanya. Soriano ha optado por no declarar, según fuentes jurídicas, por prudencia, ya que el caso está bajo secreto de sumario y el detenido ignora, por tanto, qué acusaciones concretas pesan sobre él. Los investigadores cuentan con las intervenciones telefónicas. En ellas, presuntamente, Soriano se ofrece a empresarios para mediar con dirigentes políticos y así lograr que aquellos obtuvieran una licencia o una adjudicación de obras.

Según fuentes del entorno del exconcejal, Soriano no tiene en la actualidad ocupación alguna. Tampoco posee, como habían indicado fuentes de la investigación, una gestoría. El exconcejal popular cobra una pensión por invalidez. “No tiene un duro. Quieren matar al mensajero”, añaden esas fuentes, que ven llamativa la decisión del juez de mantener detenidos a los empresarios durante 72 horas (el máximo que permite la ley) y, en cambio, limitarse a citar a declarar como imputados a los políticos.

Ese mismo entorno del imputado señala que Soriano “tenía contactos” y es posible, en consecuencia, que “hiciese algún favor”. Pero subraya que no tenía poder de decisión en el ámbito del ayuntamiento de Sabadell, que nunca ocupó un cargo en urbanismo y que, con mayor o menor apoyo al alcalde, siempre estuvo en la oposición.