El juez imputa al exdelegado del PP de la Zona Franca por el ‘caso Quality Food’

Un informe de la Abogacía del Estado ha trastocado la investigación judicial de una de las irregularidades detectadas en la anterior etapa del PP en la Zona Franca de Cádiz, la supuesta malversación cometida por la compra con dinero público de la empresa de alimentación Quality Food. Fue un ex delegado del PP, Miguel Osuna, el que hace siete años presentó una denuncia contra el propietario de esta compañía, Manuel García Gallardo, por una supuesta estafa a la Zona Franca. Pero ahora el juez, en virtud de ese informe, imputa a Osuna por considerar que él puede ser el autor de todo el engaño. El empresario y el exdelegado han sido citados a declarar este lunes.

El informe de la Abogacía del Estado, de 34 folios, resulta demoledor para el ex delegado. “Osuna inició acciones judiciales contra García Gallardo siendo consciente de que incluía indicios que no se correspondía con la realidad para desviar la atención de los hechos que le señalan como autor del manejo irregular de fondos públicos”, sostiene.

Es decir, Osuna se presentó a sí mismo como un engañado. Según la Abogacía, el exdelegado apoyó con subvenciones y préstamos directos a Quality Food, una empresa que lideraba García Gallardo, un pujante y joven emprendedor, entonces procedente de Nuevas Generaciones del PP. “García Gallardo creó esta empresa privada con dinero obtenido de subvenciones, que le exigían importantes aportaciones e inversiones privados, de los que carecía. Para suplir esta deficiencia, se trató de cubrir la financiación privada desviando el dinero de la Zona Franca a través de la sociedad Sogebc, de lo cual se encargó Osuna”, plantea el informe. La Abogacía cree que el exdelegado engañó al pleno y al comité ejecutivo del consorcio fiscal.

Esta revolución en el caso atiende en parte los planteamientos de García Gallardo, que permanece imputado, aunque la Abogacía ya no lo considera autor de la malversación sino “cooperador necesario”. El empresario, que siempre ha defendido su inocencia, ganó en la vía mercantil este caso y está pendiente de la resolución de la vía penal para cobrar 13 millones de euros de la Zona Franca.

La imputación de Osuna es un mazazo para el PP y, concretamente, para la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, que siempre defendió su gestión. Los populares, hasta ahora, siempre han respaldado a Osuna y han atacado el trabajo de la Abogacía del Estado, que representa los intereses de la Zona Franca, ahora gobernada por el popular Jorge Ramos. El informe introduce otro nombre, el de José Manuel Fedriani, entonces jefe de gabinete de Osuna, que, según este documento, aportó datos falsos y parciales en un escrito para avalar la versión y el engaño del ex delegado. Fedriani, que no ha vuelto a ser llamado a declarar aunque ya lo hizo como testigo, acaba de ser nombrado por Jorge Ramos director general de la Zona Franca.