El juez de Emarsa mantiene en prisión a la pareja del empresario en fuga

El juez que instruye el caso Emarsa ha desestimado el recurso de la única encarcelada por esta causa, María Águila Aladren, contra su permanencia en prisión, al entender que, de quedar en libertad, existe riesgo de fuga "con toda evidencia".

Así lo indica un auto del titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, Vicente Ríos, dedicado en exclusiva al supuesto saqueo de Emarsa, la empresa pública que gestionaba la depuradora de Pinedo (Valencia).

La resolución tiene lugar después de que, hace dos semanas, el instructor ya denegara la petición de libertad provisional del letrado de Aladren, al entender que la encarcelada podría huir un país extranjero e iniciar allí una nueva vida "con relativa facilidad".

La expareja del empresario Jorge Ignacio Roca, también imputado y en paradero desconocido, está en la cárcel de Picassent desde el pasado 14 de septiembre, cuando el juez ordenó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza tras las dos jornadas en que le tomó declaración, primero como testigo tras presentarse ante el juzgado, y después como detenida e imputada por un supuesto delito de blanqueo de capitales.

El instructor del caso Emarsa entendió que había riesgo de fuga de Aladren ante su falta de arraigo en España y que de sus declaraciones se deducía su intento de ocultar su verdadero domicilio.

El representante procesal de la mujer pidió al juez su libertad provisional pero éste la denegó el pasado 12 de noviembre porque "no han variado las circunstancias que motivaron la adopción de la medida cautelar de prisión" y existe un "evidente riesgo de que la imputada se sustraiga a la acción de la justicia".

El abogado interpuso contra esta decisión judicial un recurso de reforma, para el que tanto ministerio fiscal como la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), personada ya como acusación particular, solicitaron su desestimación.

Vicente Ríos desestima ahora el recurso reiterando que existen "motivos bastantes" para creer que Aladren es autora de un delito de blanqueo de capitales y que la excepcional medida cautelar de prisión adoptada contra ella se justifica en el "riesgo de fuga que con toda evidencia existiría" si quedara en libertad.

Entre otros, insiste en que lejos de acreditar cuál ha sido su paradero y el de sus hijos entre marzo de 2011 y julio de 2012, "este juez aún sigue ignorando dónde estuvo", a pesar de que la defensa ha contado con "semanas para probar que esta señora ha residido en España durante ese periodo".

Así, como "de modificarse su situación personal podría eludir de inmediato la acción de la justicia", el juez desestima el recurso de reforma interpuesto, contra el que cabe recurso de apelación.