Los exdirectivos de NCG ofrecen las pólizas de sus pensiones como fianza

Los exdirectivos de Novacaixagalicia han presentado un escrito ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en el que aportan los derechos económicos derivados de las pólizas de las pensiones que se concedieron como aval para cubrir las fianzas que el instructor les impuso el pasado 6 de noviembre, informaron fuentes jurídicas. Los tres recurrentes son el exdirector general de la antigua caja José Luis Pego, a quien se impuso una fianza de 1.925.222,90 euros; el que era responsable del Grupo Inmobiliario Gregorio Gorriarán, que tendrá que avalar 1.218.136,53 euros; el responsable de la oficina de integración Óscar Rodríguez Estrada, al que se impuso una caución de 347.920,02 euros y Javier García de Paredes

El objetivo de estas fianzas, que en conjunto superan los diez millones de euros, es hacer frente a las responsabilidades civiles que pudieran derivarse de la causa en la que se investigan las prejubilaciones millonarias que se concedieron estos cuatro exdirectivos y el expresidente Julio Fernández Gayoso, al que el juez declaró responsable civil solidario de las otras cuatro cauciones.

Estas cantidades son las que, según fuentes de la  Fiscalía Anticorrupción consultadas por Europa Press,  los exdirectivos habrían percibido irregularmente más lo que tenían previsto ingresar si su plan de cobros hasta su jubilación hubiera concluido con éxito. De no constituirse las fianzas, según señalaba el auto, se procedería al "embargo de bienes de su propiedad en cantidad suficiente para responder de las sumas que se les reclama". Los cinco exdirectivos están imputados en la comisión de un delito de administración desleal o, alternativamente, de un delito de apropiación indebida.

En su querella, Anticorrupción apuntaba que los exdirectivos "dispusieron fraudulentamente de bienes de la entidad, ocultando al consejo de administración y al Banco de España el importe de sus prejubilaciones, y a las cuales en parte no tenían derecho, todo ello en menoscabo de la entidad crediticia que administraban y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)". El Estado es propietario actualmente del 90,6% de la entidad, tras inyectarle 1.162 millones de euros en 2010 --en el momento de la fusión-- y otros 2.465 millones de euros en 2011, a través del FROB. Tras la nacionalización, la auditora BDO realizó un informe en el que concluyó que la contabilidad de Novacaixagalicia no reflejaba su "verdadera" situación patrimonial y otras tres compañías la valoraron en 188 millones de euros, explica la querella de Anticorrupción.