Dos alcaldes, tres ediles y un constructor imputados

A las 8.40 de ayer llegaba el alcalde de Sabadell, Manel Bustos (PSC), a la sede consistorial. Iba a pie, desde su casa, a escasos metros del edificio. Una hora y media después, el fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo, el comisario jefe de investigación, José Luis Trapero, y el jefe de la División de Investigación Criminal de los Mossos d’Esquadra, Jordi Bascompte, entraban caminando también al Ayuntamiento.

Sin grandes algaradas, los investigadores dieron el pistoletazo de salida a un operativo para desarticular una presunta trama corrupta que tiene su epicentro en el Ayuntamiento del Vallès Occidental, con más de 40 registros y unos 300 agentes desplegados. Los mossos inspeccionaron el despacho de Bustos, la sede de Urbanismo del Consistorio, que está en un edificio aledaño, la empresa municipal de vivienda (Vimusa), el Área de Promoción Económica, y se llevaron diversas cajas con documentos durante el día de ayer. Imputaron al alcalde de la ciudad. Y también a su hermano, Francisco Bustos, concejal de Espacio Público, que cruzaba la plaza consistorial sobre las 10.30. “A mí solo me han llamado para una cita urgente”, respondió a los periodistas que aguardaban en la puerta del Ayuntamiento y le preguntaban ya por su imputación.

La investigación apunta a un entramado delictivo que se dedicaba a percibir pagos a cambio de licencias de obras y de locales. Algunos expedientes urbanísticos fueron manipulados para lograrlo, según fuentes del caso. La Fiscalía Anticorrupción, a través de un comunicado, aseguró que los 26 imputados y 12 detenidos exigían 120.000 euros a fondo perdido para cualquier adjudicación que luego se repartían. Además, exigían el 3% en negro del presupuesto total de la obra en cuestión, que gestionaba un despacho de abogados, del cual no han dado detalles. Sus supuestas actividades delictivas pueden suponer delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsificación documental, infidelidad en la custodia de documentos, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios, y omisión del deber de impedir delitos o de promover su persecución.

El fiscal anticorrupción Fernando Bermejo, que ha trabajado en el caso durante los dos últimos años, tiene en el punto de mira diversas operaciones urbanísticas en las que, presuntamente, se pagaron comisiones. Una de ellas es la urbanización del polígono Sant Pau de Riu Sec, donde se encuentra la nueva tienda de Ikea, la más grande de España, que está previsto que se inaugure el 4 de diciembre. Las obras de ese proyecto están valoradas en unos 60 millones.

La Fiscalía Anticorrupción tiene constancia también de diversos intermediarios que, presuntamente, se dedicarían también a mover el dinero entre los diferentes implicados.

Entre los imputados se encuentran también la alcaldesa de Montcada i Reixac, la socialista Maria Elena Pérez. La edil fue aupada en su puesto por los hermanos Bustos hace dos años, después de que el anterior alcalde, César Arrizabalaga, dimitiese debido a que su nombre salió en las escuchas del sumario del caso Pretoria, también sobre corrupción urbanística.

En la operación actual, bautizada como Mercurio y dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Sabadell, la policía ha imputado también al concejal de Sostenibilidad y Gestión de Ecosistemas, Ricard Estrada; al concejal de Urbanismo y Espació Público, Joan Manau, y a otro alto cargo de Urbanismo, todos del Ayuntamiento de Sabadell. Asimismo, está imputada Montse Costa, coordinadora del Área de Presidencia y pareja del alcalde Bustos, y el jefe de la Policía Local de la ciudad.

Fuera de los cargos vinculados al PSC, los mossos han detenido también a Jordi Soriano. Se trata de un exconcejal del Partido Popular que desempeñó un papel clave en el tiempo que formó parte del Consistorio. El PP, sin embargo, le apartó del partido y ya no le permitió presentarse en su lista en las elecciones municipales de 2011. La líder popular, Alicia Sánchez Camacho, se refirió ayer a una “una gestión pésima” del edil, que según fuentes del partido no ejercía la oposición que se esperaba de él. Soriano jugó un papel clave en diversas ocasiones delicadas en la gestión de Bustos frente al Consistorio vallesano.

Pero el entramado que salpica de lleno a los Bustos no se queda aquí. Los mossos imputaron ayer también a Melquíades Garrido. El hombre es el actual presidente del Gremio de Constructores de Sabadell, y es el tío de Manuel y Francisco Bustos. La policía le acusa también de formar parte de la trama corrupta, aunque él, igual que su sobrino, corrió a defender su gestión, y negó que jamás haya hecho ninguna obra pública en Sabadell o en Cataluña, según dijo a Ràdio Sabadell.

El dispositivo no se limitó a los Ayuntamientos de Sabadell y Montcada i Reixac. Los mossos entraron en el Consejo Comarcal del Vallès Occidental, Aguas de Sabadell, en la Federación de Municipios de Cataluña (FMC), de donde Manuel Bustos es presidente y, según explicó él mismo, la policía catalana pidió también documentos de la Diputación de Barcelona. También acudieron a la sede del PSC para comunicar a Daniel Fernández que el juez le investiga.

Mientras los mossos continuaban registrando y pidiendo documentos en diversas sedes del Ayuntamiento, su alcalde celebraba una rueda de prensa atestada de periodistas. El edil negó tajantemente las acusaciones y defendió que en todo momento ha mantenido una gestión transparente al frente del Ayuntamiento.

En la puerta, y a pesar de la lluvia fina que caía incesantemente, diversos vecinos de la ciudad se reunieron para celebrar y brindar por la actuación policial. Una imagen que recordó a la que en 2009 se vivió en las puertas del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, cuando detuvieron al socialista Bartomeu Muñoz por el caso Pretoria. Por la tarde, un centenar de vecinos se reunieron a las puertas del Consistorio para pedir la dimisión de su alcalde. Algo que él ya avanzó que no hará bajo la afirmación de: “Soy inocente”.