Andalucía amplía la protección en los primeros 500 metros del litoral

La Junta impide a 52 Ayuntamientos costeros iniciar nuevos proyectos urbanísticos en los próximos seis meses

Vista aérea de viviendas construidas en el municipio malagueño de Benalmádena (Málaga)
Vista aérea de viviendas construidas en el municipio malagueño de Benalmádena (Málaga)JULIÁN ROJAS

El Gobierno andaluz ha dado luz verde este martes a un decreto ley de medidas urgentes para ampliar la protección urbanística en el litoral andaluz. El pilar de la norma será el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, que pretende preservar de la presión urbanística los primeros 500 metros de costa. El documento estará listo en dos años y concretará qué crecimientos están permitidos y cuáles no en esa franja del litoral.

“Proteger y preservar no significa eliminar cualquier crecimiento en esta franja”, ha señalado el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, que ha presentado el decreto en la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno. El documento es, en cierta medida, una respuesta de la Junta al incumplimiento masivo por parte de los Ayuntamientos de la obligación de adoptar sus planes urbanísticos al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), que nació en 2006, en pleno boom inmobiliario, para poner freno al crecimiento desmedido que contemplaban algunos planes municipales, especialmente los costeros.

Greenpeace aplaude el nuevo plan andaluz, criticado por el PP

Pero seis años después, solo el 11% de los 771 municipios andaluces han culminado la adaptación al POTA. De los 62 municipios del litoral, solo lo han hecho 10: El Ejido, Roquetas, Los Barrios, Cádiz, San Roque, el Puerto de Santa María, Puerto Real, Fuengirola, Marbella y Málaga. En el resto, sigue habiendo planes que exceden con mucho el tope de crecimiento del POTA: que los nuevos suelos urbanizables no supongan un 40% más que los existentes y un 30% de crecimiento de la población. La Junta pretende atajar con el decreto aprobado ayer esos planes municipales, muchos de ellos guardados en un cajón a la espera de inversores. “No cabe repetir los errores del pasado”, aseguró Planas.

La primera redacción del plan para proteger el corredor del litoral se someterá a información pública dentro de seis meses. Hasta entonces, los 52 municipios costeros que no han adaptado sus planes al POTA no podrán poner en marcha ningún nuevo proyecto en esa franja del litoral. El decreto aprobado ayer suspende cautelarmente la tramitación en los primeros 500 metros de todos los suelos no urbanizables y de los urbanizables no sectorizados o que todavía no tengan desarrollado un plan parcial. El objetivo es impedir que los municipios corran a desempolvar planes urbanísticos pendientes para evitar las restricciones del futuro plan de protección andaluz. La medida cautelar se levantará dentro de seis meses en los suelos no afectados por el plan. El resto, tendrá que esperar a que el documento esté definitivamente aprobado, lo que se prevé en dos años.

Cuando el nuevo plan esté aprobado, será vinculante tanto para los planes urbanísticos municipales como para los subregionales. Algunos de estos planes subregionales habían establecido una franja de protección del litoral de 200 metros. El plan regional la amplía a 500 metros y, además, afecta por primera vez a suelos urbanizables. Esta medida cautelar no afecta, por ejemplo, al proyecto que prevé 350 viviendas y establecimientos hoteleros junto a la playa de Valdevaqueros, en Tarifa (Cádiz), cuyo Ayuntamiento ya ha probado el plan parcial.

El anuncio de Planas ha generado una respuesta desigual. El secretario general del PP, José Luis Sanz, asegura que las restricciones urbanísticas perjudicarán al turismo y la creación de empleo. El presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores, Ricardo Arranz, no ha cargado contra el contenido de la norma en sí, sino contra el goteo de planes para el litoral, en referencia a la modificación de la Ley de Costas aprobada por el Gobierno, mucho más laxa que el decreto de la Junta. Los ecologistas de Greenpeace, por su parte, se ha felicitado por que desde Andalucía se cierren puertas a la construcción en el litoral abiertas por el Gobierno central.

Adaptación a la norma

R. R.

El decreto ley de medidas urgentes aprobado este martes pone el foco en la protección urbanística del litoral andaluz, pero tiene también repercusiones en el resto del territorio. La dejadez para adaptar los planes municipales al POTA es generalizada y solo el 11% de los municipios lo han hecho. La norma pretende incentivar este paso, para lo que establece un plazo máximo: si el plan municipal fijaba su propio calendario, el Ayuntamiento estará obligado a cumplirlo. Si no lo fijaba, tendrá un máximo de ocho años desde la entrada en vigor del plan municipal. En el caso de que el municipio se salte estos plazos, los límites de crecimiento del POTA se le impondrán por decreto y los Ayuntamientos no podrán aprobar planes que supongan un crecimiento de población superior al 30% ni de suelo urbanizado del 40%.

La norma modifica además ocho leyes vigentes para agilizar la tramitación de los procesos de planeamiento urbano y facilitar la coordinación entre las administraciones. Entre otras medidas, se establecerá un plazo único de tres meses, frente a la horquilla actual de uno a seis meses, para la emisión de los informes preceptivos por parte de la Junta.

Sobre la firma

Reyes Rincón

Redactora que cubre la información del Tribunal Supremo, el CGPJ y otras áreas de la justicia. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS, donde ha sido redactora de información local en Sevilla, corresponsal en Granada y se ha ocupado de diversas carteras sociales. Es licenciada en Periodismo y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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