Hogares con cimientos de barro

A Rosaura, una mujer de 78 años, ya le ha llegado la última sentencia que le obliga a derribar su casa construida en 2006 en un terreno que está sujeto a especial protección: la marjalería de Nules-Burriana. La Audiencia Provincial de Castellón la ha condenado además a una pena de seis meses de cárcel y una multa de casi 3.000 euros por un delito contra la ordenación del territorio.

También deberá hacer frente al pago del derribo de su vivienda. De nada le han valido sus justificaciones en las que negaba que supiera que en ese terreno no se podía construir porque en la zona se levantan más de 600 viviendas. Pero el fallo es rotundo y ya no hay posibilidad de recurso. El de Rosaura es, de momento, de los pocos casos en los que se ha ordenado ejecutar el derribo de la casa, pero son muchos los vecinos que viven bajo la misma amenaza.

La Consejería de Medio Ambiente incluyó en 2002 a la marjalería de Nules-Burriana en el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana declarando las más de 500 hectáreas de la zona como suelo no urbanizable sujeto a especial protección. Ya entonces había edificaciones diseminadas, pero en los años posteriores las construcciones prosiguieron sin ningún control hasta que el grupo ecologista Gecen lo denunció.

La fiscalía abrió entonces diligencias penales por las que imputó al exalcalde de Nules por no abrir ningún expediente de sanción a unos 80 propietarios (también imputados) pese a conocer la existencia de las edificaciones. Tras ello, la consejería actuó y remitió en 2008 más de un centenar de órdenes de derribo que han sido recurridas por la vía contenciosa.

"Los dos procesos siguen adelante", explica Juan Gil, el abogado que defiende a los cientos de vecinos cuyas viviendas, construidas ilegalmente, peligran. "Jurídicamente están condenados porque las casas se han levantado en una zona de especial protección donde no se puede hacer nada", afirma. La única salida está en buscar “una solución política” con los dos consistorios afectados y con la Generalitat para regularizar las más de 600 viviendas de la marjal. Según sostiene, las administraciones locales son responsables de permitir la constante edificación en la zona. “No han paralizado ni una sola”, insiste.

La esperanza de los vecinos para no verse en la misma situación que Rosaura está en el Plan Especial que está elaborando la consejería de Medio Ambiente y que debe aprobarse el próximo mes. “Las viviendas construidas antes de la catalogación como zona húmeda se salvarán, pero el problema son las más de 500 construidas después, cuando el suelo es de especial protección", dice. Los propietarios exigen que las casas ya edificadas puedan mantenerse, pero desde los ayuntamientos lo ven complicado.

El plan especial establecerá los usos del suelo y el borrador adelantado a los ayuntamientos no incluye ninguna solución para las casas más allá de establecer entre sus objetivos "adecuar el sistema de asentamientos a la conservación del paisaje agrario".

Por ello, Burriana ya ha comenzado a trabajar en un plan de minimización de impacto. "Se han identificado en nuestro término municipal 417 edificaciones, de las que 338 podrían acogerse a las ventajas del plan (es decir, regularizarse)", advierten desde el Consistorio. El edil de Medio Ambiente concreta que se salvarán “todas las levantadas antes de 2005, que es desde cuando tenemos datos oficiales”. El resto están abocadas al derribo, ya que desde fiscalía se les ha instado a comunicar cualquier ilegalidad. "Estamos remitiendo todo lo construido a partir de 2007", dice sin especificar número.

En Nules, según afirman desde el ayuntamiento, “se desconoce” el número de viviendas que podrán salvarse y trasladan a la consejería toda responsabilidad. “Todas las que se construyeron después de 2002, cuando se aprobó el Catálogo de Zonas Húmedas, no son legales y será un tribunal el que decida", indicaron. Pero desde la asociación de afectados apuntan que apenas un dos por ciento de todas las construcciones se realizaron antes de esa fecha y apelan a un compromiso del alcalde y diputado provincial de medio ambiente, Mario García, para salvarlas.

Mientras, desde Medio Ambiente remiten al plan que se aprobará en diciembre y esquivan afirmar si el documento dejará una puerta abierta para amnistiar las viviendas de cientos de vecinos. Aun así recuerdan que la fiscalía ha abierto una investigación (que afecta de momento a un centenar de casas) y que en esos casos habrá que someterse a la decisión judicial.