Paraísos fiscales, transparencia cero

El Consell gobernado por el PP entró en el siglo XXI estrenando sus primeros casos de corrupción. Y con ellos, los pagos nunca explicados en paraísos fiscales a empresas implicadas en esos escándalos. Con Eduardo Zaplana en la presidencia, el Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) pagó de manera supuestamente irregular al cantante Julio Iglesias facturas por sus conciertos e intervenciones como embajador de la Comunidad Valenciana en el extranjero a través de empresas radicadas en lugares como Hong Kong, las Bahamas o las Islas Vírgenes.

Años después, con Francisco Camps al frente del Consell, la posibilidad de que la Generalitat hubiera establecido contratos con sociedades que a su vez están vinculadas a otras radicadas en países que permiten burlar impuestos volvió al debate público a raíz de la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia. La empresa del patrón del circo automovilístico, Bernnie Ecclestone, Formula One Administration, estaría en última instancia vinculada a una sociedad con base en Jersey, una de las islas del Canal, famosas entre los centros financieros offshore. También el hecho de que Santiago Calatrava haya cobrado sus millonarios honorarios al Consell a través de una empresa con domicilio social en Suiza, donde el arquitecto valenciano tiene su residencia oficial, ha sido objeto de polémica.

Las consejerías respondieron que sus contrataciones son legales

El Gobierno valenciano, ahora presidido por Alberto Fabra, ha apelado a la confidencialidad de los contratos para no dar explicaciones. Sin embargo, la falta de transparencia en este terreno raya lo surrealista con las respuestas que las consejerías de la Generalitat han remitido al diputado en las Cortes Valencianas Ignacio Blanco. El parlamentario de Esquerra Unida del País Valencià envió a cada uno de los departamentos del Consell una lista de más de noventa ubicaciones, que incluían tanto paraísos fiscales según la declaración de la OCDE como”territorios que ofrecen incentivos fiscales similares” y “estados que por las características de su sistema legal o bancario están directamente relacionados con los negocios offshore”. De Andorra a las islas Vírgenes, en la lista figuraban lugares como Barbados, las Bahamas, Hong Kong, la isla de Jersey, Suiza o las islas Caimán.

“¿Ha contratado la consejería con alguna empresa radicada en alguno de estos países?”, preguntaba Blanco. “¿Con cuál o cuáles'”. La respuesta, idéntica por parte de todos los departamentos, fue una extensa explicación de la legislación sobre contratación pública en la que se le señalaba que la normativa “no obliga a justificar el territorio de radicación de las empresas sino su nacionalidad” y se afirmaba que la Administración valenciana “no ha realizado ningún contrato con empresas en las que concurran prohibiciones de contratar”. Eso fue en junio. Blanco reformuló sus preguntas parlamentarias para inquirir si las consejerías habían contratado con empresas “de las nacionalidades reflejadas en la lista” y cuáles eran. La contestación, ahora fechada en octubre y otra vez unánime por parte de todos los departamentos, era exactamente idéntica a la de la primera vez.

Está claro que da igual lo que pregunte porque no me van a contestar”, señala el diputado de Esquerra Unida. “Con los paraísos fiscales, ni transparencia ni cumplimiento de la legalidad”.