“La ley de tasas judiciales impone un sistema perverso”

Antonio Esteban (Onda, 1945) es decano del Colegio de Abogados de Castellón desde abril de 2011. En su toma de posesión criticó la desidia de la Administración para resolver los problemas de la justicia y lo sigue manteniendo. "Abordarlos o no hacer nada es algo que no tiene ni rédito ni coste político", se queja. Lleva más de un año al frente de un colegio que asiste a una sociedad duramente afectada por la crisis y por ello insiste en medidas que solucionen el endeudamiento de las familias. Esteban considera una “barbaridad” la ley de tasas judiciales y anuncia vías para plantear una cuestión de inconstitucionalidad.

 Pregunta. El ministro Alberto Ruiz-Gallardón ha acusado de corporativismo a quienes, como los abogados, critican las tasas. ¿Qué opina?

Respuesta. Corporativismo no hay ninguno, a nosotros no nos afectan personalmente sino a los ciudadanos y al recorte de sus derechos. Son un recorte importante de los derechos de los ciudadanos que se verán sobre todo en la franja de clase media, que no podrá acceder al proceso y tampoco tendrá derecho a la justicia gratuita. La ley recoge la vinculación de las tasas con la justicia gratuita, para financiarla, e insistimos en que tiene que financiarse con cargo a los presupuestos. ¿Es que la justicia gratuita la van a pagar otros? Es un sistema perverso.

P. ¿Deja la ley una puerta abierta a la posibilidad de no pagar?

Hay que buscar fórmulas para liberar a las familias de su deuda

R. No, la ley está hecha de forma que es un requisito imprescindible para tramitar el proceso. Si no lo pagas no se dará curso a la denuncia. Y es ahí donde tenemos que tratar de introducir la cuestión de inconstitucionalidad.

P. Recientemente también se ha aprobado un polémico decreto sobre desahucios que contenta a pocos ¿Qué reformas serían necesarias?

R. Hay que mejorar los instrumentos de defensa de los deudores, modificar puntos como los intereses moratorios, que son abusivos, y cambiar el concurso de acreedores de las personas físicas. Las personas jurídicas cuando entran en liquidación se disuelven y se extinguen aunque no cobre casi nadie. Con las personas físicas se acaba el concurso pero se sigue debiendo todo. Hasta que no se mueren no se extinguen y esta parte de la ley concursal no se ha resuelto. Hay que buscar un tratamiento específico que resuelva el endeudamiento familiar y, cuando finalice el concurso, queden liberadas de la deuda y puedan empezar de cero. Si existiera esta fórmula se podría solventar la hipótesis de perder la vivienda y tener que seguir debiendo el dinero.

P. Usted defendió que urgía una reforma legislativa. ¿Se ha perdido la oportunidad?

R. Las reformas legislativas han de ser ponderadas y reflexivas para no legislar al hilo de la actualidad porque las normas tendrían fecha de caducidad. Pero también es verdad que no se ha iniciado, ni discutido, ni nadie se ha pronunciado sobre el alcance de esas futuras reformas. No será inmediato, pero desde luego, si no se empieza se irá alargando indefinidamente.

Veremos si el Consell puede pagar este mes los 4 millones del turno de oficio

P. Con la ley actual, ¿qué herramientas tiene un abogado para defender a una persona con amenaza de desahucio?

R. Hoy prácticamente ninguna. En una ejecución hipotecaria no puedes alegar prácticamente nada. Además, cualquier alegación que no sea estrictamente formal debe ir a un procedimiento posterior para plantear cuestiones sobre intereses abusivos, etc. En estos casos solo se puede hacer después, cuando ya has perdido la vivienda y cuando te han echado.

P. Recientemente el Colegio ha implantado una oficina de mediación hipotecaria en Castellón, ¿se han cerrado ya acuerdos con las entidades?

R. A algunos acuerdos sí se están llegando. En Castellón, donde llevamos más tiempo, me consta que se ha realizado alguna dación en pago y otra refinanciación. Son procesos lentos, pero lo importante es que la ciudadanía se va acercando y reciben un asesoramiento y una gestión profesional que hasta ahora no tenían.

P. Y en esa mediación, ¿hay disposición de las entidades a negociar?

R. Soy un poco escéptico, porque las manifestaciones públicas son de buena voluntad, el clamor social se ha intensificado y las entidades deben estar reflexionando. Hasta dónde y en qué, no lo sé.

P. ¿Se han resuelto los problemas con el pago del turno de oficio?

R. Ahora estamos al corriente y también tenemos que reconocer el esfuerzo y la buena disposición de la consejería y la de los abogados de sacrificarse y tener una paciencia más allá de la debida. Veremos el 1 de diciembre si se ha cumplido o no con el pago del tercer trimestre del turno, que es de casi cuatro millones. Veremos si lo puede afrontar.

P. “No confío en la justicia porque cada día es más lenta y más cara, he llegado a la conclusión de que en España no somos todos iguales ante la ley”. Lo dijo su antecesor hace unos meses. ¿Opina lo mismo?

R. Entiendo que se refería a la administración de la justicia. Bajo ese punto de vista, creo que el funcionamiento es malo y francamente mejorable. El Gobierno no está cumpliendo el parámetro de calidad en cuanto a prontitud en las resoluciones, exigible para un servicio público de esa envergadura. Además, está claro que si los destinatarios finales de este servicio son los más desfavorecidos y las clases medias, evidentemente el resultado final es que hay diferencias. Con la ley de tasas vamos a una administración de justicia para ricos, para quienes puedan pagarla, y otra para pobres que será la justicia gratuita. También habrá una zona de nadie en que la solución estará en las alternativas a los juzgados como la mediación porque habrá mucha gente que no reúne requisitos para la justicia gratuita y no podrán afrontar el pago de las tasas.