Víctimas de preferentes denuncian un frenazo en los arbitrajes tras el 21-O

La preocupación de los afectados por la comercialización irregular de participaciones preferentes de Novagalicia Banco (NCG) ha vuelto a aumentar en las últimas semanas, en las que las plataformas de afectados vienen notando una pauta común: la frecuencia de los arbitrajes —el procedimiento auspiciado por la Xunta para que banco y afectados pacten fuera de los juzgados una solución individual a cada conflicto— está descendiendo notablemente. De los en torno a 200 arbitrajes diarios que se llegaron a registrar se ha caído a una media de 85 entre el 26 de octubre y esta semana, una bajada que la Consellería de Economía no reconoce.

El dato concreto lo da José Manuel Estévez, uno de los portavoces de la plataforma de afectados de Vigo, que basa su estadística en las respuestas que le remiten periódicamente desde la Dirección Xeral de Comercio, que hasta la convocatoria electoral ocupaba la ahora diputada por Pontevedra Nava Castro. Según este cálculo, la media es de 85 laudos favorables diarios y 53 nuevos casos admitidos a trámite, lejos de la cifra previa a los comicios. Desde que arrancó el proceso, se registraron en total 38.000 solicitudes, de las que el banco aceptó tratar 9.900 y se resolvieron favorablemente 8.885, según el mismo recuento. “Desde las elecciones los laudos se han reducido en dos tercios, aproximadamente”, acusa. La Xunta dice que no. “Para nada hay una ralentización”, mantiene una portavoz de Economía, sin más aclaraciones.

“No se está llamando a la gente, fue solo una pantomima electoral”, protesta una portavoz de la plataforma de Arousa Norte, que se queja de que Consumo achaque la mayor lentitud al banco, y viceversa. Desde NCG aclaran solo otro de los puntos que molestan a los afectados, como es que las llamadas para acudir a los arbitrajes —se celebran en Santiago, en la sede de la Escola Galega de Administración Pública— no sigan el orden en que los afectados fueron presentando la documentación. Un portavoz explica que los casos en los que el abuso era muy evidente se resolvieron enseguida, aunque los papeles llegasen más tarde que otros, que todavía siguen en estudio por la consultora Price Waterhouse Coopers, contratada para el caso. Pero sobre el retraso no hay datos.

Los funcionarios destacados temporalmente por la Xunta para acelerar la tramitación, que trabajaban a destajo, también se dejan ver menos, según denuncian portavoces de plataformas. A mediados de septiembre, la Xunta daba la cifra de 23 árbitros. El viernes por la mañana había en la oficina ocho personas y varias salas vacías. En el tablón colgado en la sala con los arbitrajes previstos para el día figuraban 99 nombres.

En el fondo subyace el temor porque la esperada llamada no llegue. Un miedo acrecentado porque queda poco para el 28 de noviembre, la fecha marcada por la Comisión Europea para emitir sus exigencias sobre los planes de reestructuración de las entidades nacionalizadas. “Se están quitando los casos más problemáticos de encima, y cada vez van más despacio, haciendo ver que el proceso sigue, hasta que nos peguen el hachazo, o simplemente dejen de contestar”, pronostica Estévez. En alguna plataforma son menos tajantes. “Hemos notado un parón, pero ahora han vuelto a llamar a gente. La semana que viene tenemos a cinco personas convocadas”, dicen desde la plataforma de Pontevedra.