Fomento retira ayudas para pagar la hipoteca a familias con rentas bajas

En 2007, mientras la burbuja inmobiliaria engordaba, todo eran facilidades de la Administración para que las personas con bajos ingresos residiesen en casas en propiedad y no en alquiler. Fue entonces cuando nació en la parroquia de San Paio de Navia, en Vigo, el mayor polígono de viviendas sociales de Galicia, una treintena de enormes edificios con 3.000 pisos para familias con rentas pequeñas que se beneficiaron de una subvención ya existente para poder pagarle a los bancos la letra de la hipoteca. Esas ayudas estatales —tramitadas en Galicia por la Xunta y que han percibido desde hace años todos los compradores de pisos protegidos de España que cumplían los requisitos de renta— tenían una década de duración, pero el Gobierno de Rajoy ha decidido retirárselas de cuajo a quienes, como los vecinos de Navia, llevaban cinco años percibiéndolas. Su intermediaria, la Consellería de Infraestruturas, está comunicando la supresión a los afectados mediante cartas que empezaron a llegar justo al día siguiente de las elecciones del 21-O.

Navia no es el único barrio de Galicia afectado por la cancelación de estas ayudas pero en esta zona, donde una constructora del diputado del PP Telmo Martín fue multada por imponer sobreprecios a los compradores de pisos sociales, reside el mayor número de víctimas, entre 200 y 300 familias. Este barrio de clase trabajadora, en el que se estima viven casi 10.000 personas, ha sido golpeado con fuerza por los despidos y las rebajas salariales que ha extendido la depresión económica. La retirada de estas subvenciones pone a algunos de sus vecinos a las puertas del impago de la hipoteca y el desahucio. Sus ajustados ingresos soportan cuotas de unos 400 euros de los que la Administración abonaba entre 50 y 100. “Muchas familias no van a poder pagar”, lamenta Ana Martínez, portavoz de la plataforma de afectados de Navia, quien calcula que un 90% de los habitantes del polígono sobrevive con rentas lo bastante bajas para ser receptores de las ayudas.

Tras recibir la carta, los propietarios de viviendas protegidas tienen un mes de plazo para presentar recurso ante la Xunta contra la retirada, que se extiende también a todas aquellas solicitudes que se estaban tramitando ahora para personas que acaban de comprar piso. El Ayuntamiento de Vigo ha puesto sus servicios jurídicos a disposición de los afectados para redactar las reclamaciones. Los abogados municipales ya les han advertido a los vecinos de Navia que, aunque la supresión de una ayuda antes de que expire el tiempo por el que fue concedida es “injusta”, solo algunos tienen esperanza de poder esquivarla. El boquete por el que podrían salvarse está en la redacción del Real Decreto del Gobierno de Rajoy aprobado el pasado 13 de julio y en el que se basa la medida.

El decreto, en el que el Ejecutivo central recoge una amplia retahíla de tijeretazos al gasto público, establece la cancelación de estas ayudas, denominadas de “subsidiación de préstamos”, pero solo fulmina expresamente las aprobadas dentro del Plan de Vivienda 2009-2012, sin aludir al resto de planes similares. Por eso, dos semanas después de aprobarse el decreto, el Ministerio de Fomento, del que dependen las competencias de vivienda, emitió una “nota interpretativa” en la que extendía la medida a todos los planes de vivienda anteriores.

La ayuda de Pablo Morell fue otorgada dentro de un plan de vivienda anterior al citado en el decreto estatal. “Nos agarraremos a esto para recurrir, es la única opción que tenemos”, afirma este vecino de Navia, un autónomo cuyos ingresos cayeron en el último año un 40% mientras su pareja sufría un recorte de 200 euros en la nómina. Ahora le quitan una ayuda de 50 euros al mes que cobraba desde hace cinco años y que la Administración le concedió para que la siguiera percibiendo otros cinco años más si seguía cumpliendo los requisitos de renta, como así ocurre. “Yo he cumplido a rajatabla el contrato [con la Administración] y ahora nos cambian las reglas a mitad de juego”, protesta.

El Ministerio de Fomento sostiene que un informe jurídico avala la supresión de la subvención antes del plazo prometido de diez años porque los préstamos hipotecarios ya no son tan caros como cuando se suscribieron, en pleno engorde de la burbuja inmobiliaria. Sin embargo, según explicó el viernes una portavoz del departamento que dirige Ana Pastor, Fomento va a encargar otro informe porque, pese a que la Xunta ya está comunicando en su nombre a los afectados que no cobrarán el dinero, ahora piensa “que si se siguen cumpliendo las condiciones [de renta] se debe admitir la prórroga”. “Lo abordaremos [con las autonomías] en la próxima conferencia sectorial”, afirman las mismas fuentes oficiales. ¿Para dar marcha atrás a la retirada? “Lo abordaremos”, responde Fomento sin dar garantías.

En la casa de enfrente de Morell, una familia numerosa en la que uno de los cónyuges perdió recientemente el empleo acaba de recibir la carta de la Xunta que le comunica que dejarán de percibir los 100 euros mensuales con los que afrontaba hasta ahora los pagos de la hipoteca. “A cuenta de la crisis la gente no solo sigue cumpliendo los requisitos de bajos ingresos sino que está peor”, denuncia Morell, miembro de la plataforma de afectados.

El Instituto Galego de Vivenda e Solo, dependiente de la Consellería de Infraestruturas, alega, por su parte, en una respuesta por escrito a un afectado, que es “un simple intermediario entre el ministerio y la entidad bancaria” que cobra la hipoteca. “Nosotros actuamos siguiendo instrucciones del ministerio”, insiste una portavoz de la consellería. Esquerda Unida considera “intolerable el engaño a numerosas familias de Navia que formalizaron créditos hipotecarios en base a una ayuda que manifiestamente estaba catalogada como prorrogable en el tiempo”.