El fiscal investiga al exalcalde de Vila-real por prevaricar y malversar

La Fiscalía de Castellón ha abierto una investigación penal para determinar si el exalcalde de Vila-real, Juan José Rubert (PP), ha cometido delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental al autorizar poco antes del cambio de gobierno municipal en 2011 el pago de 600.000 euros a la constructora Piaf SL, una de las firmas investigadas en el caso Gürtel, mediante un adelanto bancario (lo que se conoce como endoso) por obras facturadas de forma supuestamente irregular.

El caso se destapó en mayo, después de meses de investigación por los técnicos municipales. Estos concluyeron que Rubert autorizó justo el día antes de ceder la alcaldía al socialista José Benlloch que la entidad bancaria adelantara 277.000 euros por 36 facturas presentadas por la empresa y que no han podido ser acreditadas. En algunos casos los técnicos concluyen que se facturó a Piaf por trabajos que fueron realizados por personal municipal. Por ejemplo, dos facturas emitidas por la constructora por importe de 20.000 euros en concepto de traslado de expedientes de unas dependencias a otras. Los funcionarios aseguran en un informe que este traslado se realizó con vehículo y personal del propio Ayuntamiento y no por Piaf.

La investigación interna también habla de otra factura que ronda los 300.000 euros, correspondiente al fin de obra de rehabilitación de la comisaría de la Policía Local. El arquitecto municipal fue rotundo: “Es falso porque la obra no se ha recepcionado”. Piaf reclamó el cobro en una factura del 13 de mayo de 2011 (antes de las elecciones). El exalcalde tardó tres días en firmar la cláusula de endose para que la firma pudiera cobrar mediante un crédito bancario.

El actual equipo de gobierno encabezado por José Benlloch (PSPV) envió todo el expediente a la Fiscalía el pasado mes de septiembre y anuló el pago de los casi 600.000 euros al banco, que reclamó el cobro mediante el pago a proveedores.

Rubert asegura que las facturas se corresponden con trabajos realizados

La Fiscalía de Castellón, después de estudiar todo el expediente, ha estimado que del mismo se desprenden indicios de delito en la actuación del anterior equipo de gobierno. “Examinadas las presentes diligencias, desprendiéndose la presunta comisión de posibles delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental, interesa la continuación de las diligencias de investigación penal”.

Así lo ha comunicado al Ayuntamiento de Vila-real y a los denunciados: Juan José Rubert y la mercantil Piaf (que entró en concurso de acreedores).

Paralelamente, la Sindicatura de Comptes también ha realizado una investigación cuyas conclusiones se conocerán en las próximas semanas.

Los técnicos dicen que fue personal del Ayuntamiento el que hizo

En el expediente que Benlloch remitió a Fiscalía se aporta además un documento escrito con la versión dada por su antecesor. Rubert reconoce que dio instrucciones para “regularizar el reconocimiento y en su caso pago” de los trabajos pendientes en vistas al cambio de gobierno. En el caso de las facturas de Piaf, sostiene que estas llegaron desde la concejalía de Hacienda “con indicación verbal de que eran conformes y de que por dicho departamento se daría curso al trámite pertinente”. Rubert culpa a otro edil de “entorpecer” el trámite “al punto de que la cesión no llega a consumarse al no firmar el concejal responsable las facturas y no llegar conformadas a Intervención”.

Sin embargo, el exalcalde no explica cómo Piaf recibió el documento de endoso antes de finalizar todo el trámite para la verificación de las facturas, sino que muestra su “perplejidad” y echa balones fuera: “Ignoro por quién se hizo entrega de los endosos a la referida empresa”. A pesar de admitir que el trámite fue irregular, defiende que “las facturas corresponden a trabajos realizados (sin perjuicio de errores puntuales que pudieran existir), por lo que es justo reconocer el derecho al cobro de Piaf o de quien decida el juez del concurso”.

Rubert se refiere en este caso al listado de 36 facturas por 277.000 euros. Con respecto al pago por las obras de la comisaria no se pronuncia, puesto que el documento le llegó incompleto.

El exalcalde ocupaba hasta el pasado mes de octubre la presidencia del PP en Vila-real, cargo del que ha sido relegado. También ha abandonado el puesto que mantenía en el Ministerio de Educación.