Ofensiva contra la privatización del agua de El Puerto de Santa María

“Estamos dispuestos a llegar hasta el final, incluida la vía judicial, y que se suspenda cautelarmente el proceso de privatización del agua”. La advertencia procede de la docena de organizaciones que integran la plataforma contra la venta de un 49% de Aguas del Puerto (Apemsa) y que han reunido las firmas de más de un 15% de los 89.000 habitantes de esta localidad. Defienden que no es necesario ni económica ni socialmente. Sin embargo, el Ayuntamiento, gobernado por PP y PA, asegura que obtendrá “importantes” ingresos que no ha cuantificado y que el servicio no se deteriorará.

El proceso de privatización de Apemsa está ahora en fase de alegaciones. En la localidad vecina de Jerez, las condiciones impuestas tras la movilización ciudadana, ha eliminado el atractivo de la operación para las empresas privadas y ha vuelto a quedar desierto el concurso. En El Puerto de Santa María, la plataforma vecinal también va a por todas.

“Han pasado de ‘no prevemos ni contemplamos’, que decían en campaña, a ‘nos obliga la UE, ‘no estamos preparados’ y ‘hacemos algo que no nos gusta”, comenta Carmen Calzado en representación de Ecologistas en Acción para situar el cambio de discurso político. Calzado exige que un cambio semejante en el programa pase por referéndum.

Por el momento, la única fase de consulta ha sido la protagonizada por la plataforma vecinal y ha conseguido el respaldo de unas 7.000 firmas contra lo que Luis Hiniesta, miembro de la plataforma, califica de “malversación del interés público” por parte del gobierno local. Hiniesta destaca que no consta que ningún órgano de dirección de Apemsa haya reclamado el cambio de la naturaleza pública de la sociedad, por lo que la operación es ajena a parte de la ciudadanía y a la propia empresa.

Rafael Carreto, del comité de empresa de Apemsa, añade que la entidad municipal es rentable y socialmente beneficiosa como está: emplea a medio centenar de personas, distribuye a 45.000 abonados y su objetivo es el servicio, no el beneficio.

Lo contrapone con la gestión de la depuradora Las Galeras de El Puerto, que está subcontratada a la empresa privada Aqualia y tiene abierto un expediente sancionador en la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, que ha puesto en duda los análisis de agua que aporta.

El modelo promovido por el Ayuntamiento es similar al de Huelva: la venta del 49% de la sociedad municipal durante 25 años. El municipio, según el alcalde Enrique Moresco (PP), recibirá “importantes ingresos” para el “plan de ajuste”, “cubrir necesidades urgentes”, “pago a proveedores” y de “nóminas”.

Las cuentas de la plataforma son algo más precisas. El Ayuntamiento ingresaría entre siete y 11 millones de euros en 25 años a cambio de perder el 49% de los beneficios de Apemsa, que revertirían en el socio privado y que recibiría en el mismo tiempo 35,4 millones que abonarían los vecinos con sus cuotas.

Además, el Ayuntamiento asegura que ni el servicio ni las tarifas se verían afectadas, aunque la Memoria de justificación del proceso de transformación a sociedad mixta contempla para 2013 una subida de los ingresos tarifarios de Apemsa del 12,58%, según la plataforma. También argumenta que otros municipios han hecho lo mismo. Efectivamente. El más significativo en Andalucía es Huelva (PP), donde la empresa mixta anunció una subida del 10,3% a partir del próximo 1 de enero. Sería la cuarta subida desde que Aquagest se hizo con la empresa municipal, según datos de los operadores públicos.

“La empresa privada se quedará con la gestión, subcontratará a sus filiales con dinero de los vecinos y controlará la información”, añade Vicente González del grupo universitario de la plataforma ciudadana.

Hiniesta añade que el plan de ajuste no obliga a privatizar la empresa y que hay otras fórmulas de financiación que no son vender el 49% de una sociedad rentable y eficaz. Por el contrario, el Ayuntamiento dice que ha intentado recurrir al mercado financiero sin éxito, algo que la plataforma ciudadana cuestiona; han reclamado el expediente de solicitud de créditos y no se lo han facilitado porque, como reconoce mediante escrito el propio alcalde, Enrique Moresco (PP), no existe.

Añaden los integrantes de la plataforma que los ingresos que generaría la venta de Apemsa tampoco aliviarían la deuda viva municipal, que ha pasado de 64,5 millones en 2007 a 130 millones tras la operación con el Instituto de Crédito Oficial para pago a proveedores.