El Tribunal Superior anula de nuevo el plan que impedía a Pontevedra vetar a Ence
La justicia estima recursos del Ayuntamiento y de grupos ecologistas
Mientras la Ley de Costas continúa su tramitación para ampliar las concesiones en dominio público, las sentencias judiciales contra la ubicación de la pastera Ence junto a la ría de Pontevedra se suceden una detrás de otra. La última, hecha pública hoy, anula el decreto de la Xunta que en 2003 dictaminó la incidencia supramunicipal del proyecto para ampliar la pastera y cerrar en Lourizán el ciclo de papel, un plan tramitado con premura y ausencia de hasta cinco informes técnicos, según admite ahora el Tribunal Superior de Xustiza.
La resolución declara la anulación del decreto en cuestión “en cuanto no cumplimente los informes sectoriales de Costas, Ferrocarriles, Carreteras, Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres y Peligrosas y Patrimonio Histórico”, trámites que se omitieron en su día.
El plan no prosperó, pero el documento ha servido reiteradamente a la Xunta para rechazar todos los peros que el Ayuntamiento ponía a la planta, incluidas las sucesivas autorizaciones ambientales que permiten a la pastera operar en su emplazamiento privilegiado frente a la ría, principalmente de carácter urbanístico.
La sentencia, dictada dos semanas y media antes de las elecciones y remitida hoy al consistorio, llega tras las dos resoluciones del Tribunal Supremo dictadas esta primavera que estimaban dos recursos del Ayuntamiento y de la Asociación pola Defensa da Ría contra sendas sentencias del propio Tribunal Superior, que de entrada había rechazado sus argumentos. La primera de aquellas resoluciones emplazaba a la corte gallega a entrar en el fondo de los argumentos municipales, y es el precedente directo de la sentencia hecha pública hoy.
La otra sentencia, en cambio, ya ordenaba la anulación del decreto de supramunicipalidad, pero su confusa redacción sirvió tanto a la empresa como a la Xunta para interpretar que era suficiente con publicar el contenido del plan en el Doga, otro requisito obligado que se había pasado por alto en 2003. Según esa interpretación, la nueva sentencia obligaría ahora, para mantener la vigencia del decreto, a que se emitiesen informes para justificar un proyecto que ya no existe.
El concejal de Infraestructuras de Pontevedra, César Mosquera, ha recordado esta tarde el proceso de redacción de aquel decreto, nacido de la sintonía entre la Xunta y Caixa Galicia, que era entonces el accionista de referencia de la pastera, privatizada poco antes. “A ver quién le iba a toser entonces a [José Luis] Méndez o a [Manuel] Fraga”, ironizó, y señaló que confía en que la resolución ayude al pleito municipal contra el permiso ambiental de la pastera, todavía en trámite.
