El juez cita como testigo a Castellano en el caso de las prejubilaciones de NCG

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado para el próximo 16 de noviembre al presidente de Novagalicia Banco, José María Castellano, para que declare en calidad de testigo en la causa que investiga las prejubilaciones millonarias que recibieron varios exdirectivos de Novacaixagalicia, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas. En un auto, dictado el pasado miércoles, el juez instructor llama a declarar para el próximo jueves, 8 de noviembre, a dos inspectores del Banco de España para que declaren como testigos expertos sobre un informe que obra en las diligencias previas. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 escuchará a partir del 13 de noviembre el testimonio de los tres vocales del Consejo de Administración que votaron en contra de las compensaciones investigadas.

José Luis Veiga, representante del Ayuntamiento de Pontevedra, José Luis Regueiro, representante de CC.OO., y Miguel Argones, de Csica, rechazaron las dotaciones para esas retribuciones porque no se concretaba el contenido de las mismas, según declararon el pasado mayo ante la Fiscalía Anticorrupción. La comparecencia del máximo ejecutivo de Novagalicia Banco, José María Castellano, ha sido señalada para el próximo 16 de noviembre. Estas citaciones se producen días después de que el magistrado culminara la ronda de interrogatorios de los cinco imputados por las prejubilaciones recibidas.

Se trata del director general adjunto ejecutivo de Novacaixagalicia, Javier García de Paredes; de Gregorio Gorriarán, que se encargó del Grupo Inmobiliario tras la fusión de las dos antiguas cajas gallegas; de Óscar Rodríguez Estrada, uno de los responsables de la oficina de integración; y del exdirector general de la caja única, José Luis Pego.

Además está imputado el que fuera presidente de Caixanova y copresidente de Novacaixagalicia, Julio Fernández Gayoso, al que se considera cooperador necesario para la mejora de los contratos de los antiguos gestores de la caja antes de que fuera nacionalizada. El magistrado les imputa indiciariamente la comisión de un delito de administración desleal o, alternativamente, de un delito de apropiación indebida. Moreno, que admitió a trámite la querella contra los cinco exdirectivos el pasado mes de junio, considera que todos ellos actuaron "con abuso de las funciones de su cargo y con pleno conocimiento de la dificilísima situación económica por la que atravesaba la entidad crediticia", nacionalizada y transformada en banco en septiembre de 2011. La Fiscalía les reclama la devolución de, al menos, 7,8 millones de euros.

Anticorrupción apunta que los exdirectivos "dispusieron fraudulentamente de bienes de la entidad, ocultando al consejo de administración y al Banco de España el importe de sus prejubilaciones, y a las cuales en parte no tenían derecho, todo ello en menoscabo de la entidad crediticia que administraban y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)".